La minería gallega se levanta en armas contra en canon de la Xunta

La minería gallega está en pie de guerra contra la Xunta de Galicia. Rechazan de plano el impuesto anunciado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y que gravará a las explotaciones de oro, plata, wolframio, hierro y níquel entre otras. Los grupos extractores afectados que operan en la comunidad han decidido activar un frente “común y único” contra el llamado ICAM, Impuesto Compensatorio Ambiental Minero.

Para ello, anuncian que están dispuestos a llegar a dónde haga falta. El canon, anunciado junto con los presupuestos gallegos para el próximo año aún debe pasar por trámite parlamentario. En un reunión celebrada el pasado viernes, las empresas de minería metálica han acordado “la presentación de cuantas iniciativas administrativas, judiciales, políticas y ciudadanas procedan”.

Injusto para unos, blando para otros

Los grupos mineros consideran “que el nuevo impuesto carece de justificación en su carácter extra fiscal, suponiendo una doble imposición”. Sostienen que atenta contra el principio de capacidad económica. “Un gravamen, entre otros, de 10.000 euros por hectárea equivale a pagar el precio de adquisición del terreno cada año”, argumentan.

No obstante, lo que para las mineras se antoja como un canon inasumible, para grupos de la oposición como AGE o el BNG, así como para plataformas en contra de la minería agresiva es simplemente un “lavado de cara” del Ejecutivo gallego, ya que entienden que su impacto es mínimo.

Hectáreas «no restauradas»

Feijóo anunció que el canon gravaría a las empresas con entre un 1% y un 1,5% de sus ingresos, sin embargo, en el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas presentado se dice que “las compañías pagarán en función de la extensión de terreno afectada y no restaurada”.

El texto elaborado por el Ejecutivo gallego indica que los ingresos derivados del canon minero se destinarán en su totalidad “a actuaciones de compensación y reequilibrio territorial, paisajísticas y desarrollo tecnológico minero”.

En el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta se especifica que el tributo para aquellas actividades mineras a las que les sea aplicado el canon variará. “Por cada hectárea o fracción de superficie alterada no restaurada: 10.000 euros”, contempla la normativa.

También se especifica que en cuanto al almacenamiento de residuos mineros, “por cada tonelada o metro cúbico de residuos peligroso depositado o almacenado: 0,1 euros”.

Empleos en juego

No obstante, el subsector de la minería metálica, asegura que “una primera evalución económica de los efectos del impuesto indica que puede suponer la pérdida de 2.000 empleos directos, indirectos e inferidos”.

“Por este motivo, los representantes de este subsector acordaron iniciar contactos con los principales bufetes del país, para llevar a cabo las acciones que correspondan en todos los ámbitos jurídicos”, advierten.