Una de las movilizaciones de protesta contra el proyecto minero de Corcoesto / ContraminAcción
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Un directivo de Sacyr solicitó dinero para Feijóo, Agustín Hernández y Bernardo Tahoces, según la demanda; la Xunta denunció por calumnias a la empresa

en A Coruña, 20 de marzo de 2018 (06:00 CET)

El naufragado proyecto de la mina de oro de Corcoesto dejó tras de sí múltiples frentes judiciales abiertos que, si bien poco resultado han dado a la minera hasta la fecha en el objetivo de ser indemnizada, sí que han servido para que la multinacional canadiense Edgewater vertiese terribles acusaciones, fundamentalmente la de cohecho, contra altos cargos de la Xunta. Si en el contencioso administrativo abierto contra la denegación del permiso de explotación, lo que en la práctica supuso el punto final para la mina, la compañía insinuaba que “amigos de Feijóo” le habían pedido “dólares en una maleta Sansonite”, en el escrito de demanda de arbitraje pone nombres, apellidos y números a la presunta petición de soborno.

En un escrito fechado el 6 de mayo de 2016 de la firma legal Three Crowns, especializada en arbitraje internacional, y que fue remitido no sólo al abogado del Estado sino también a las más altas instancias del Ejecutivo central, incluido Mariano Rajoy, Edgewater acusa a altos cargos de la Xunta de pedir una mordida de 1,5 millones a cambio de autorizar la explotación.

Edgewater señala a Feijóo, Tahoces y Agustín Hernández

Bajo el título Notice of arbitration, el documento señala al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; al ex conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández; y al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces; como receptores de las supuestas mordidas, sin aportar más prueba que la declaración del presidente de Edgewater, George Salamis. El primer ejecutivo de la multinacional dice lo siguiente:

“En octubre de 2014, un alto cargo de Sacyr me dijo que tendríamos que pagar 1,5 millones para obtener el permiso para el desarrollo del proyecto de Corcoesto y que estos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al señor Tahoces”.

El mismo escrito, en su apartado 21, señala que unos intermediarios (que no identifica) solicitaron “pagos ilícitos” en el “otoño de 2014” para distribuir entre cargos del Gobierno gallego, “incluidos el presidente Feijóo y Agustín Hernández”, al que atribuye un cargo inexistente de “vicesecretario general de la Xunta”.

La Xunta denuncia a la empresa por calumnias

Así consta en la documentación incorporada por la abogada de la Xunta en el recurso de apelación presentado ante el juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, que solicita que se reabra la causa para juzgar a Edgewater por calumniar y difamar al Gobierno gallego.

Desde que trascendieron a los medios de comunicación las acusaciones de la minera, tanto Feijóo como Tahoces afirmaron que emprenderían acciones legales contra la multinacional. Dichas actuaciones derivaron en una denuncia por calumnias interpuesta por la Fiscalía en la que se personó la propia Xunta. El juzgado archivó la causa en un auto del 8 de mayo del año pasado. Diez días después, los abogados del Gobierno gallego presentaron el recurso de apelación.

Estrategia de filtraciones para dañar a la Xunta

La tesis de la Xunta es clara. Entiende que las acusaciones vertidas en los distintos escritos de demanda de Edgewater, primero el contencioso administrativo y después el arbitraje internacional, están vertebradas por una estrategia para difamar y lesionar la imagen del Gobierno gallego valiéndose de filtraciones a los medios de comunicación.

“Las afirmaciones e insinuaciones contenidas en la demanda no buscan otra cosa que descalificar la actuación de la administración autonómica y de las concretas autoridades responsables, intentando crear estratégicamente un clima de sospecha, de forma articulada y coherente con la estrategia jurídica y mediática de la empresa”, dice el recurso de apelación.

¿Cómo se puede defender un responsable público de semejantes acusaciones?

Ante las “graves” acusaciones, la Xunta interpreta que hay un ánimo difamatorio por parte de la multinacional y que se produce una situación de indefensión de las personas aludidas.

“¿Cómo se puede defender, en efecto, un responsable público, de semejantes acusaciones? ¿Quién se aproxima a la empresa para solicitar este supuesto pago ilícito? ¿Cómo puede la empresa dar por cierto, hasta el punto de citarlos nominativamente, que esos presuntos pagos ilícitos son para esas personas? Dado que resulta imposible imputar estas manifestaciones a una mera imprudencia o incontinencia verbal de la empresa, sólo cabe ver en su conducta una evidente mala fe, una conducta consciente y difamatoria, realizada con ánimo injurioso y calumnioso”, señala el recurso.

La Xunta pide que se reabra la causa y se juzgue por calumnias a Mineira de Corcoesto, el que fuera su gerente Lluís Boixet, y al abogado de la empresa Julio César Valle, contra quienes originariamente se dirigió la denuncia en el juzgado coruñés.

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