La mina de Cosmos en Triacastela llega a la Fiscalía

Adega solicita la paralización de las obras por los desperfectos que, asegura, causa sobre Cova Eirós, declarada Bien de Interés Cultural

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La asociación ecologista Adega ha decidido llevar la explotación minera de Triacastela de Cementos Cosmos ante la Fiscalía al entender que su actividad pone en riesgo el patrimonio histórico y arqueológico de Cova Eirós.

Según explica Adega, la actividad minera de Cosmos llegó hasta la misma planta de la cueva, a pesar de la protección que tiene como Bien de Interés Cultural (BIC) debido a sus pinturas rupestres.

Pinturas rupestres en peligro

“Como consecuencia de la eliminación de la capa de suelo y del material geológico que protegía la planta de la cueva, la infiltración de aguas superficiales aumentó considerablemente produciendo la entrada de agua que resbala por las paredes de la misma, con el riesgo de destrucción de pinturas y grabados rupestres en su interior”, explica.

Adega indica en su escrito a la Fiscalía que el deterioro del BIC se ve agravado por la utilización de maquinaria pesada en la vertical de Cova Eirós y por las vibraciones generadas por esta maquinaria y las voladuras de la explotación.

Delito contra el patrimonio histórico

La asociación ecologista gallega entiende “que las actuaciones de Cosmos en el entorno inmediato de la cueva no sólo no pueden estar amparadas por licencias o autorizaciones ligadas a la actividad minera, sino que estas son nulas de pleno derecho”. “No nos consta que la empresa cumpla diversas condiciones impuestas por Patrimonio, como la presentación de un plan de protección y conservación de la cueva, la elaboración de un protocolo de seguridad o el seguimiento y control de los trabajos”, explica.

Por todo ello, Adega ha acudido a la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio del TSXG y ha solicitado la paralización cautelar de las obras, así como que el caso se traslade al juzgado por la presunta comisión de un delito contra el Patrimonio Histórico. Entiende la asociación que las administraciones vinculadas, Xunta y ayuntamiento de Triascastela, podrían incurrir en una posible prevaricación, “como colaboradoras necesarias de esta situación”.

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