La medida estrella del Gobierno para Alcoa cabrea a la industria
Los 90 millones por CO2 que desembolsó el Gobierno son inferiores a los 150 millones presupuestados por Rajoy que nunca se ejecutaron
El pasado 29 de marzo, el Gobierno aprobó una inyección de 91 millones para la industria electrointensiva en forma de compensación por los costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero, los conocidos como pagos por CO2. Sin embargo, más allá de evidenciar el compromiso del Ejecutivo por contentar a una industria que amenaza con deslocalizarse, como alegó Xoaquín Fernández Leiceaga en conversación con este medio, la medida no pareció cambiar en nada el escenario para Alcoa y el resto de electrointensivas, pese a tratarse de la ayuda más importante al margen de las adjudicadas en las subastas de interrumpibilidad.
La presión de las empresas al Gobierno va más allá de este pago puntual. Por un lado, alegan que esta cuantía está por debajo de los 150 millones que había presupuestado Mariano Rajoy para la compensación por CO2, una partida que nunca se ejecutó. Por otro, piden garantías de que la ayuda llegará con regularidad y dotación suficiente, a poder ser la máxima permitida, en lugar de depender de las oscilaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Sin tener esta estabilidad, a la industria no le sirven pagos puntuales.
Raül Blanco, el secretario general de Industria, defendió hace dos días, después de la reunión con los trabajadores de Alcoa, la Xunta y el Principado, que era el máximo posible con un presupuesto prorrogado, un 16,5% superior a la del año pasado y mucho mayor que en ejercicios anteriores, cuando osciló entre los 6 y los 0 millones.
Compensar los menores ingresos por interrumpibilidad
La partida, en realidad, tiene como objetivo compensar a las electrointensivas por la menor remuneración que en los dos últimos ejercicios les ha reportado el servicio de interrumpibilidad, el mecanismo por el que se desconectan de la red en momentos de exceso de demanda. Las primas repartidas en la última subasta descendieron un 40% respecto a la anterior.
Las empresas, en las distintas alegaciones presentadas al borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, han solicitado alternativas para que los pagos por CO2 no dependan de la disponibilidad presupuestaria, como que se reserve directamente una parte de los ingresos por subastas de derechos de emisión para que retornen a la industria en forma de compensaciones. Sin ningún mecanismo de este tipo implantado, el anuncio de los 91 millones del Ministerio de Industria ha sido recibido con frialdad, incluso con cabreo, por las empresas.
