La Justicia investigará si Leroy Merlin paga a sus proveedores a 300 días

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El juez acepta abrir diligencias previas por las denuncias de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Las empresas se quejan de que la cadena de bricolaje paga a sus proveedores entre los 200 y los 300 días. Leroy Merlin asegura que cumple “escrupulosamente” con la ley antimorisdad

Una de las 49 tiendas de Leroy Merlin en España

04 de octubre de 2011 (18:55 CET)

Leroy Merlin deberá probar al juez que está cumpliendo con la ley antimorosidad y que por lo tanto paga a sus proveedores en menos de 90 días. Un juzgado barcelonés ha aceptado abrir diligencias previas para investigar si las denuncias por pagar entre 200 y 300 días presentadas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad tienen base suficiente para sentar a la multinacional en el banquillo.

De hallarse indicios, se juzgaría a la cadena francesa por incumplimiento de la nueva norma (la ley 15/2010), en vigor desde 2010. Este texto pretende lograr que los pagos por operaciones comerciales se armonicen en plazos a los del resto de la Unión Europea, donde se paga a 45 días. La medida estrella es fijar un máximo de tres meses para liquidar las facturas.

Sin embargo, la novedad más valorada por los pequeños y medianos empresarios españoles es la posibilidad de que las patronales se organicen para recoger denuncias anónimas y actuar contra una corporación de comportamiento dudoso. Con esta medida, los empresarios y autónomos pueden ejercer acciones legales sin temor a perder clientes que en muchos casos condicionan el futuro de las pymes.

Leroy Merlin asegura que cumple “escrupulosamente con el vigente marco normativo”. De hecho, en Francia, sus proveedores no se quejan. Pero en España las denuncias por malas prácticas llegan recurrentemente a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. La cadena de tiendas factura en nuestro país unos 1.500 millones de euros en 49 establecimientos.

Anonimato

“Durante meses hemos intentado pactar una solución amistosa”, asegura el portavoz de la asociación de afectados por la morosidad, Antoni Cañete, “pero no hemos tenido más remedio que ir al juzgado”, continúa. El hermetismo que rodea a las empresas que se sienten perjudicadas por Leroy Merlin es total. Tanto que no ha trascendido el número de denunciantes ni el importe en discusión. Temen las posibles represalias, según la plataforma. El anonimato es su principal baza hasta que se abra el juicio, si procede.

“El volumen justifica la demanda y nosotros disponemos de pruebas sólidas contra Leroy Merlin”, explica el portavoz de la plataforma. La investigación previa al juicio durará unos tres meses. “No sabemos qué nos van a pedir, aún no hemos recibido la comunicación oficial de apertura de diligencias”, explican, mientras tanto, en Leroy Merlin.

Hasta que se conozcan los detalles y el alcance de los requerimientos judiciales, la multinacional francesa se remite al comunicado corporativo que emitió hace unos días, cuando el lobby anti-morosidad decidió denunciarles. En él asegura que su método de pago está avalado por el propio Ministerio de Industria. También avanza que tomará medidas legales contra la Plataforma Multisectorial por informaciones infundadas.

Deuda oculta

La discrepancia se centra en el aplazamiento de pagos, una opción que las pymes aceptan a regañadientes a cambio de no esperar. Según Cañete, “sistemas como el confirming permiten a las grandes corporaciones emitir deuda sin que pese en su balance”. La Plataforma contra la Morosidad argumenta que “son métodos para financiarse pero a costa de las pymes”. Los grandes clientes, como Leroy Merlin, creen que “son fórmulas de anticipo del cobro en las mejores condiciones en un momento de restricción crediticia”.

Sin embargo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad está tan segura de sus argumentos que ya prepara acciones similares contra grandes actores de la construcción, telecomunicaciones y distribución.
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