La justicia europea avala las ayudas del «tax lease» al naval
El TUE considera que las conclusiones de la Comisión Europea para declarar ilegal el sistema no están suficientemente motivadas
El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves el sistema español del ‘tax lease’ para los inversores en astilleros al anular la decisión de la Comisión Europea que lo consideraba ilegal y que obligaba a España a recuperar las ayudas concedidas entre 2007 y 2011.
El fallo resuelve los primeros dos recursos del total de 65 presentados por las sociedades afectadas, entre las que figuran el El Gobierno español, Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, Bankia o el grupo Inditex.
Falta de argumentos
En su decisión, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían «falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales» entre Estados miembros, «no está suficientemente motivada». También cree un error declarar que existía una ventaja selectiva para estas agrupaciones e inversores, porque cualquier empresa «sin distinción» podía realizar las operaciones requeridas como condición para acogerse al régimen de ayudas.
El caso se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.
Devolución de las ayudas
Al declarar el sistema ilegal, la Comisión estableció que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas había propuesto que se recuperaran los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que abogaba por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.
Bruselas estudia recurrir
«La Comisión va a proceder a examinar la sentencia así como sus potenciales implicaciones», ha indicado a Europa Press la portavoz comunitaria Lucía Caudet, que no ha querido dar un plazo exacto del tiempo que podría llevar dicho análisis. Fuentes comunitarias han apuntado que el Ejecutivo europeo debe aún estudiar en profundidad sus consecuencias, antes de decidir si opta por recurrir la sentencia u otros pasos a seguir.
