Un guardia civil en la entrada de las instalaciones de Alcoa en San Cibrao. EFE/Eliseo Trigo

La intervención vuelve a cobrar fuerza tras el no de Alcoa al Gobierno

La reunión de la mesa multilateral de Alcoa se salda con el rechazo de la multinacional a negociar la venta a la SEPI, a pesar del auto del TSXG

El auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a Alcoa a mantener activas las cubas de electrolisis en la planta de San Cibrao hizo pensar tanto al Gobierno central como al de la Xunta y a los trabajadores que la multinacional americana recularía en su negativa a vender la factoría de aluminio primario. No ha sido así. Este lunes, la celebración de la Mesa Multilateral de Alcoa se ha saldado con el rechazo, de nuevo, de la compañía de Pittsburgh a negociar una hipotética venta de la planta de A Mariña a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) o a retomar el diálogo con Liberty House, la compañía interesada en hacerse con el activo.

La posición de la compañía hace que, de nuevo, vuelva a cobrar fuerza la opción deseada por los sindicatos: la de la intervención de la compañía. Si bien es cierto que tanto el Gobierno central como la Xunta han hablado en muchas ocasiones de esta posibilidad, la realidad es que, por su complejidad y sus características, nadie la desea. La primera opción de la administración pública siempre ha sido la de llegar a una solución pactada con Alcoa. Tras el auto del TSXG que prohíbe a la compañía parar sus cubas hasta que se resuelva el juicio sobre el ERE en marcha para más de medio millar de trabajadores en A Mariña y que se celebrará el próximo 3 de diciembre, la administración pública confiaba en que Alcoa diese marcha atrás. Al fin y al cabo, si, como asegura, pierde un millón a la semana al mantener las cubas activas, la búsqueda de una solución que cortase las pérdidas debería ser del agrado de la compañía en estos momentos. Además, la aluminera podría tener que hacer frente a la devolución de millonarias ayudas públicas si finalmente se determina que hubo mala fe en la tramitación del ERE.

No obstante, y aunque horas antes de la reunión telemática de la mesa de Alcoa, convocada por el Ministerio de Industria, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reveló que las conversaciones entre administraciones y compañía se habían retomado, en el cónclave, la actitud de la multinacional, representada por su presidente en España, Álvaro Dorado, fue "dura". Así lo aseguran a este medio fuentes conocedoras de las negociaciones que, no obstante, reconocen que, al menos, en esta ocasión, la compañía se ha sentado a la mesa, cosa que no había hecho en anteriores convocatorias.

Denegación de ayudas millonarias

Con la negativa de Alcoa a pesar de los últimos contactos, en los que llegó incluso a participar el CEO del grupo a nivel mundial, Roy Harvey, el Gobierno ha optado por endurecer de nuevo el discurso. El secretario general de Industria, Raül Blanco, avanzó que el ministerio de Reyes Maroto le ha enviado a la empresa un trámite de alegaciones previo a la posible denegación de ayudas correspondiente al ejercicio 2020.

"A raíz del juicio sobre medidas cautelares recientemente celebrado, hemos constatado que Alcoa tiene intención de cerrar total o parcialmente la planta, lo que podría ser incompatible con la recepción de ayudas de las Administraciones", señala el político.

La Xunta, "hasta las últimas consecuencias"

También la Xunta, representada por el vicepresidente económico, Francisco Conde, ha emitido una valoración contundente de la reunión. El conselleiro ha hecho "un balance negativo" de la actitud de Alcoa. "Perdió una nueva oportunidad para buscar una salida digna al conflicto", lamentó.

En este contexto, y ante la única opción que baraja la Xunta, que es "que se mantenga la actividad en San Cibrao", ha avisado de que el Gobierno gallego llegará "hasta las últimas consecuencias, incluida la intervención" y en un escenario de "unidad" de acción junto al Ejecutivo central y el comité de empresa.

Expropiación

La actitud de la compañía ha hecho que el comité de empresa vuelva a insistir, una vez más, en la necesidad de poner en marcha la maquinaria para una potencial expropiación de la compañía, que en tiempos perteneció al Estado a través de Inespal. Los representantes de los trabajadores precisaron que Alcoa rechazó la oferta del Gobierno, que no era otra que volver al punto en el que se rompieron las negociaciones, el pasado 27 de septiembre, y negociar un acuerdo no ya no Liberty, sino con el propio Estado a través de la SEPI.

José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que declare "estratégicos" los activos de Alcoa en A Mariña para a partir de ahí iniciar "un expediente de intervención o expropiación de la empresa". "Porque la empresa no da visos de dar para atrás", censuró. 

Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, sostiene que Alcoa pretende mantener una situación de conflicto permanente, motivo por el que "también se negó a aceptar el ofrecimiento hecho por el comité de levantar la huelga a cambio de negociar una salida de continuidad industrial".

"Actitud de diálogo"

Mientras tanto, fuentes de la compañía insisten en la buena voluntad de la misma. "Aunque no hay ninguna novedad, Alcoa ha acudido este lunes a la reunión de la mesa multilateral como muestra de esa actitud de diálogo que hemos mantenido siempre", se han limitado a apuntar.

Un artículo de C.D.P.

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