La guerra de la patronal enfila los juzgados

Reunión a reunión, documento a documento, las diferencias entre el presidente de la patronal coruñesa (CEC), Antonio Fontenla, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, José Manuel Fernández Alvariño, toman forma en el nuevo equilibrio de poderes de la patronal gallega. El acuerdo tácito para favorecer un aterrizaje tranquilo del nuevo líder de la CEG, el que destronó a Fontenla tras doce años de mandato, ha saltado por los aires en cuanto se cruzó por el camino la negativa del Igape a costear 300.000 euros en facturas de la red de centros en el exterior, un programa gestionado por la patronal con fondos públicos de la Xunta.

Los empresarios coruñeses insisten en que se debe llevar a juicio al departamento dependiente de la Consellería de Economía y reclamar por la vía del pleito el dinero. La propuesta ha sido descartada en dos ocasiones por el equipo de Alvariño, en las reuniones del comité ejecutivo de la patronal en Vigo y Santiago en febrero y marzo de este año. Lejos de tirar la toalla, la organización presidida por Fontenla considera que la decisión tomada en el comité es papel mojado. Asegura que la Junta Directiva, el órgano de Gobierno de la patronal, acordó durante la gestión del empresario coruñés presentar un recurso contra el Igape y que, de no acatar dicho acuerdo, los miembros del actual comité ejecutivo “podrían ser objeto de demanda de responsabilidad personal”. Otra vez los tribunales.

Un problema de competencias

Esta amenaza quedó plasmada por escrito en un documento que la Confederación de Empresarios de A Coruña entregó a la CEG poco después de que el comité ejecutivo tumbara este marzo, por diez votos en contra y tres a favor, la propuesta de llevar a juicio al Igape. Está firmado por los representantes de la patronal coruñesa en el comité ejecutivo, Antonio Fontenla, Antón Arias Díaz-Eimil, presidente de la Federación Gallega de la Construcción, e Isidro Silveira, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra (Cofer). Precisamente, las tres personas que votaron a favor de la acción judicial contra la Xunta.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, defiende que en 2012, durante la presidencia de Fontenla, la Junta Directiva acordó presentar la reclamación contra el Igape y que el comité ejecutivo no tiene competencias para desechar esta decisión. Razón por la cual, dice el escrito, podrían iniciarse demandas individuales contra aquellos miembros que rehúsen acatar el acuerdo.

Se desmarca de Alvariño

El órdago debe leerse en clave. De entrada, el presidente de la patronal gallega, Fernández Alvariño, lo tiene sencillo para tumbar el argumento. Puede someter la propuesta a la Junta Directiva, donde entran en juego, a diferencia de en el comité, los votos de las organizaciones sectoriales que conforman la patronal. Fontenla recabaría más soporte pero, a priori, no el suficiente para sacar adelante la reclamación.

Sin embargo, el ex presidente de la patronal ya ha levantado acta en defensa de su gestión, cuestionada por el Igape al negarse a asumir facturas que, en opinión del organismo, no se ajustan al convenio. Y, en cierta forma, cuestionada también por Alvariño, al asumir el agujero de 300.000 euros y frenar la reclamación. En el escrito, Fontenla argumenta que las auditorías de los ejercicios 2011,2012 y 2013 avalan las cuentas que dejó en la patronal y que un informe independiente del bufete Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira asegura que hay “un elevado porcentaje de posibilidades” de derrotar a la Xunta en los tribunales.

Pero además, la confederación coruñesa se desmarca de la gestión realizada por Alvariño en el nuevo convenio para la red exterior, aprobado hace escasas semanas. La organización provincial critica que se haya mantenido la estructura del servicio activa mientras se negociaba el nuevo acuerdo “sin adoptarse medidas tendentes a proteger los intereses de la CEG y a minimizar posibles quebrantos patrimoniales derivados de mantener las estructuras de los servicios existentes sin aprobación de convenio alguno que les diese soporte financiero”.

Una red Pexga de mínimos

El texto concluye, tras desgranar una larga lista de argumentos contra la negativa del Igape, instando a Alvariño a presentar la reclamación contra la Xunta. “La representación empresarial de la CEC quiere poner de manifiesto su posición a solicitar a los órganos de gobierno de la CEG que los intereses y derechos legítimos de esta organización sean defendidos empleando todos los medios que el ordenamiento jurídico pone a su alcance”, sentencia.

Algo que, a priori, Alvariño evitará. En los comités ejecutivos contó para ello con el respaldo de sus hombres de confianza, Javier Garrido Valenzuela y Jorge Cebreiros, vicepresidentes de la Confederación de Pontevedra, y de los presidentes de las Confederaciones Provinciales que lo apoyaron en su candidatura a la patronal. El presidente de la CEG ha recibido una red exterior (Pexga) recortada y con un solo año de financiación, frente a los cuatro que tuvo Fontenla, en parte, por la voluntad de la Xunta de atar en corto el programa y evitar problemas como los actuales.