La Guardia Civil persigue el rastro de sobornos a funcionarios de Adif

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Las autoridades han detenido a nueve personas tras realizar 11 registros en sedes del ente público y domicilios particulares

La Guardia Civil, en el registro de la sede de Adif en Madrid. EFE

05 de mayo de 2014 (14:33 CET)

La operación policial iniciada esta mañana en distintas sedes de Adif y varios domicilios de particulares en Madrid y Barcelona busca pruebas que demuestren la vinculación entre funcionarios públicos y altos cargos de la empresa Isolux Corsán.

Según la Fiscalía Anticorrupción, algunos directivos del grupo de infraestructuras habrían sobornado a cargos del ente público para lograr adjudicaciones de obras del AVE en la capital catalana con un coste muy por encima del precio real de los trabajos. En total, se estima que la malversación de caudales públicos podría alcanza los seis millones de euros.

Registros

Los registros, auspiciados por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona después de que la Fiscalía presentase una querella en enero, siguen en marcha. La Guardia Civil examina documentos con la presencia de los empleados públicos en seis sedes del gestor ferroviario. Además, se ha irrumpido en casa de cinco particulares en busca de más piezas que complementen el rompecabezas.

Hasta ahora, se ha producido nueve detenciones. Los delitos en los que podrían haber incurrido son malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros

Dádivas a funcionarios

Los registros avanzan en dos sentidos. El primero, es localizar los documentos preparatorios de los artificios utilizados para alterar las mediciones y disimular después el falseamiento, así como los documentos oficiales en los que se plasman los actos de los querellados. El segundo, es localizar pruebas “que puedan revelar posible dádivas económicas en favor de funcionarios de Adif diferentes a las detectadas hasta el momento”.

Por ahora, sólo ha trascendido una compensación. Corsan Isolux habría pagado viajes a las pistas de esquí de Aspen, en Estados Unidos, o de cacerías en países del Este.

Sospecha de irregularidades en la adjudicación

Anticorrupción asegura que, de común acuerdo entre los funcionarios corruptos y los directivos de la compañía, se habrían alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en el proyecto, falseado las ulteriores certificaciones oficiales de obra ejecutada y camuflado sus ardides en la certificación final. “Se han movido cifras entre las diferentes partidas, a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los realmente efectuados”, afirma.

De hecho, Anticorrupción también sospecha de la propia adjudicación de las obras del AVE y no descarta encontrar nuevas irregularidades.
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