La Fiscalía de A Coruña carga contra las «prácticas abusivas» de Orange
Acusa a la operadora de utilizar un sistema de facturación que cobra a los clientes periodos en los que ya se han dado de baja del servico
«La conducta de Orange se puede incluir en la lista de negra de prácticas abusivas». Así de duro se mostró el fiscal con la operadora en el juicio que instruye el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña. La Fiscalía acusa a la compañía de prácticas abusivas a raíz de una investigación que partió de las reiteradas quejas manifestadas por asociaciones de consumidores.
El fiscal concluyó que Orange emitió facturas por consumos mensuales cuando el servicio prestado ya había terminado porque el cliente se había dado de baja antes. Solicita al juzgado, entre otras medidas, que prohíba a la compañía continuar con este tipo de facturaciones.
Pese a que Orange alega ya haber implantado un nuevo sistema de facturación, el Ministerio Fiscal considera que unas pocas facturas «no acreditan» el cese de la conducta «ilegal»y opina que todavía existe «riesgo» de retomar la emisión de facturas por consumos mensuales a quienes se dan de baja antes de acabar el periodo.
La defensa de Orange
Frente a esto, el letrado de Orange ha defendido que la conducta de la compañía no es «ilegal» y, en cualquier caso, alega que esta ya «ha sido abandonada» al implantar un nuevo sistema de facturación para a sus clientes.
«Estamos en condiciones de manifestar que en todas las tarifas se practica el sistema de facturación del prorrateo, propuesto por el Ministerio Fiscal», ha afirmado el abogado de la operadora, que solicita una sentencia «moderada» porque «la conducta ya ha sido cesada y no ha afectado a un gran número de personas».
En cualquier caso, y pese a modificar el sistema de facturación, el representante legal de la operadora ha hecho hincapié en la «incertidumbre» que rodea a este sector al no disponer de un «sistema perfecto» de facturación para este tipo de servicios. «La norma necesita ser actualizada, pero no lo debe hacer un Juzgado de lo Mercantil sino el legislador», concluye el letrado.
