La familia Freire liquida sus navieras tras perder las ventajas fiscales del tax lease

La fórmula del tax lease y sus jugosas bonificaciones fiscales empujaron al negocio de la construcción naval a algunos de los grandes patrimonios gallegos. Megasa, Inditex o Cortizo, entre otros, formaron parte de Agrupaciones de Interés Económico (IAE) durante la década de 2.000 para beneficiarse de los incentivos a la construcción de buques, que repercutían sistemáticamente en la cuenta de resultados al permitir generar bases imponibles negativas o adelgazar la factura fiscal.

La suspensión desde junio de 2011 del sistema de bonificaciones hizo que grupos que poco o nada tenían que ver con el negocio naval hiciesen el camino de vuelta. Fue el caso de Inditex, que al año siguiente liquidó 8 de las navieras en las que participaba. Y el mismo camino está siguiendo la familia Freire, los propietarios de la primera siderúrgica gallega, Megasa. Durante la pasada década controlaron al menos tres navieras. Entre ellas estaba Auriga, con un capital de 21,9 millones; o Corcubión, que llegó a alcanzar un capital de 31,2 millones. Pero tras los buenos tiempos mar adentro, los Freire han plegado velas.

Las tres navieras

A comienzos de este año, Auriga inició un proceso de disolución voluntaria. Megasa controlaba un 50% de la naviera, que en el ejercicio de 2012 presentó un resultado positivo de 3,3 millones. También ha pasado a la historia Luarca, también participada por Metalúrgica Galaica (Megasa), que fue disuelta en 2012.

La otra sociedad constituida al calor del tax lease que sigue en pie es Naviera Corcubión AIE, en la que los Freire tienen como socio a Banco Popular. No consta en el Registro Mercantil que se haya activado la disolución voluntaria de la naviera, aunque sí que ha quedado desposeída de músculo financiero. Llegó a contar con un capital de 31,25 millones que ha quedado reducido a la nada tras una reducción de 31, 2 millones.

Devolución de las ayudas

Cuando la Comisión Europea anuló el sistema de bonificaciones fiscales al considerar que constituían una ayuda ilegal contraria al derecho comunitario, Bruselas advirtió también que podría reclamar a los beneficiarios que devolvieron el dinero. Es decir, que devolviesen la ayuda recibida.

Megasa, pese a todo, no está preocupada por ello. Dice en su memoria de ejercicio que “a pesar de que el procedimiento se encuentra pendiente de resolución definitiva (…) los administradores consideran que la resolución final no derivará en quebranto patrimonial significativo para la sociedad”.