Imagen de archivo de una protesta por los precios del aparcamiento en el Hospital Álvaro Cunqueiro / EFE

La empresa del hospital de Vigo lleva a los tribunales a Xunta y Concello

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La concesionaria litiga con Facenda por una liquidación de 3,6 millones en impuestos y con el Concello de Vigo por el IBI

Rubén Rodríguez

Economía Digital

Imagen de archivo de una protesta por los precios del aparcamiento en el Hospital Álvaro Cunqueiro / EFE

en A Coruña, 16 de septiembre de 2017 (06:00 CET)

El año pasado fue el primero de plena operatividad para la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, la sociedad liderada por Acciona que se encarga de la mayoría de los servicios no clínicos del complejo hospitalario. Por primera vez, la empresa ingresó los 56 millones de la Xunta en contraprestación por la explotación de la obra previstos en el acuerdo para la construcción del centro.

El novedoso modelo permitió construir un hospital en plena crisis económica, inaugurar una nueva fórmula en Galicia de colaboración público-privada y alimentar la polémica por las graves dificultades en la puesta en marcha del centro. Tan graves que acabaron con Rocío Mosquera fuera de la Consellería de Sanidade y multitudes protestando en Vigo por las deficiencias en los servicios sanitarios.

Superado el lance, tanto a la Xunta como al Concello de Vigo le quedan cuentas pendientes con la concesionaria, que está controlada por Acciona (43% del capital), Puentes y Calzadas (23%), Veolia (16%) y Concessia (16%). Una parte de ellas se dirimen en los tribunales. Las constructoras han abierto la vía del contencioso administrativo para oponerse a dos reclamaciones.

Batalla abierta por los impuestos

La primera es de la Axencia Tributaria de Galicia, que en septiembre de 2015 presentó a la empresa una liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por valor de 3,6 millones. Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo, que así se llama la empresa que explota el complejo, firmó en disconformidad y presentó un recurso ante el TEAC que en marzo de este año, fecha de presentación de las cuentas, continuaba sin resolución.

La segunda corresponde al Concello de Vigo, con quien también las constructoras mantienen un contencioso. El Consistorio ppresentó una liquidación de casi un millón de euros por el IBI correspondiente al ejercicio 2016 con la que tampoco la concesionaria estuvo de acuerdo. A finales del año pasado presentó un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo que también está pendiente de resolverse.

La Xunta mantiene otro litigio millonario con Povisa, que le reclama 10 millones por determinados medicamentos

Aunque son las más importantes, no son las únicas reclamaciones que ha presentado la sociedad. Antes pidió a la Xunta el reembolso de 6,7 millones por sobrecostes en la construcción del centro a causa de que las soluciones de estructura y cimentación difirieron del proyecto previsto en pliegos. El Gobierno gallego rechazó esta demanda en noviembre de 2015.

Están todavía abiertas otras dos reclamaciones para modificar al alza el pago máximo anual que realiza el Gobierno gallego a la concesionaria. Dicho pago, fijado en un tope de 56,3 millones, varía anualmente en función del IPC y de ciertas circunstancias que puedan afectar al equilibrio financiero de la empresa. Por ejemplo, solicita que se incluyan los descuentos en la cafetería al personal del hospital o las bonificaciones en el aparcamiento. Presentó reclamaciones ante la Xunta, que libra otro litigio millonario con Povisa, tanto para el ejercicio 2015 como para el 2016.

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