La dueña de Endesa resucita la planta de Alcoa en Cerdeña

Enel, el gobierno italiano y la suiza Sider Alloys alcanzan un acuerdo sobre el precio de la energía en la antigua planta de Alcoa en Cerdeña

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Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la posibilidad de intervenir o incluso nacionalizar Alcoa para evitar el cierre de la planta de aluminio de San Cibrao. La última vez, de hecho, este miércoles, cuando el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, preguntó por esta posibilidad a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Lo cierto es que en Galicia, y ante las cíclicas crisis de la compañía estadounidense –que el pasado año se deshizo de sus factorías en A Coruña y Avilés–, también se ha mencionado en varias ocasiones lo ocurrido con la compañía en Cerdeña. Curiosamente, la antigua planta de Alcoa en Portovesme vuelve a la vida gracias a un acuerdo entre el Gobierno italiano, Enel, la dueña de Endesa y la inversora suiza Syder Alloys.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse años atrás. Alcoa poseía una planta de producción de aluminio en Portovesme, cuyo cierre se consumó en 2014 sin que ningún inversor lo evitase. Sin embargo, el desmantelamiento fue aplazado hasta 2016 tras el interés de la compañía suiza Syder Alloys. En este caso, fue el Estado italiano el que adquirió la planta, que luego vendió a la firma suiza reteniendo una parte del capital de la misma. El Gobierno autónomo de Cerdeña y la propia representación de los trabajadores también se quedaron con una participación minoritaria en el capital de la sociedad que sostiene la factoría. Italia atajó la crisis de la antigua Alcoa (los vecinos de Portovesme aún denominan así a la factoría, a pesar de estar ya en otras manos) a través de Invitalia, una agencia dependiente del Ministerio de Economía Italiano, el Mise, similar a la española Sepi, la sociedad estatal dueña de Navantia

Precio energético estable

Este organismo alcanzó un acuerdo con la multinacional americana para aplazar el desmantelamiento de la factoría durante más de un año, dando tiempo a la entrada de Sider Alloys. Pero, además, el Estado italiano se comprometió a poner en marcha ayudas para garantizar un precio energético justo a través de un contrato bilateral a diez años (estos contratos también están contemplados, por ejemplo, en el borrador conocido del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo del Gobierno español). 

En su momento, el plan previsto pasaba por retomar la producción de aluminio primario en la primera mitad de este año. Parece que así será. Y es que, curiosamente, mientras que Galicia contiene el aliento ante el posible final del periodo de negociaciones entre sindicatos y empresa por el ERE que pretende aplicar Alcoa en San Cibrao, Italia celebra el «desbloqueo» de la situación de a factoría. Los medios italianos recogían este miércoles el acuerdo entre el Gobierno italiano, Sider Alloys y Enel (la dueña de Endesa, participada por el Estado italiano) para garantizar un precio estable de la energía, un requisito indispensable para reiniciar la producción. El acuerdo firmado este miércoles establece que Enel otorgará a Sider Alloys un contrato de suministro de energía de cinco años, más otros cinco a un precio que el Ministerio de Economía ha calificado de «competitivo».

Plan industrial e inversión millonaria

Este acuerdo era requisito indispensable para que el grupo suizo, con un 75% del accionariado de la factoría, presente un plan industrial para la planta sarda que desbloqueará los 150 millones de inversiones comprometidas para reiniciar la fundición. El Gobierno italiano convocará la mesa de negociación sobre la empresa lo antes posible. El ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanello, indicó que, con el acuerdo alcanzado sobre el precio de la energía «se logra un resultado muy importante«. No obstante, también es cierto que desbloquear la situación de la antigua factoría de Alcoa en Cerdeña ha tardado ocho años, ya que el anuncio de cierre se produjo en 2012. 

Una vez eche a andar de nuevo, los trabajadores serán readmitidos, aunque estos perdieron su puesto de trabajo en 2014 y, hasta ahora, se mantuvieron a flote mediante fondos sociales estatales que aún se mantendrán unos meses más, según las informaciones publicadas.

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