La denuncia contra Castaño desata una tormenta política por las ayudas a la Fundación Cela

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El Gobierno gallego aceptó hacer completamente pública la entidad para salvarla de la quiebra económica. Actualmente, la viuda del escritor es presidenta honorífica. En 2010 se pidió auditar todos los fondos públicos que recibía el ente

Marina Castaño

29 de junio de 2012 (21:44 CET)

La Fiscalía de Santiago de Compostela ha interpuesto una denuncia contra Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela, y contra el exgerente de la fundación que lleva el nombre del escritor de Iria Flavia, Tomas Cavanna Benet, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, a raíz de una denuncia fiscal formulada por una vecina de Padrón, Lola Ramos.

La denuncia dirigida al Juzgado de Instrucción de Padrón ve “base para investigar” también la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el envío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos de carácter privado.

Intervención antes de la quiebra

La noticia le ha caído encima a la Xunta de Galicia de forma inesperada, y es que a finales de abril el Gobierno gallego anunció que la Fundación en honor al nobel gallego pasaría a ser pública por completo debido a la pésima situación económica en la que se encontraba. El conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, asumió la presidencia de la entidad. Marina Castaño continuó en ella como presidenta de honra.

Sobre todo desde el 2010, cuando comenzó su transformación, el Gobierno gallego –además de otras instituciones-- llevaban tiempo inyectando dinero en esta entidad para tratar de salvarla.

La pregunta que muchos se hacían este viernes es si la Xunta mantendrá a la viuda de Cela en la fundación después de la noticia. Por el momento, la Administración prefiere no dar un paso en falso.

La Xunta, sin comunicación del fiscal

"Si hay una investigación de un fiscal, supongo que nos darán traslado y, a partir de ahí, tomaremos nuestra decisión", declaró el presidente Feijóo este viernes. “No creo que ningún miembro o alto cargo de la Xunta tuviese conocimiento de las posibles irregularidades que el fiscal investiga”, se apresuró a zanjar el mandatario gallego.

Feijóo insistió: “A la Xunta hay que pedirle responsabilidades a partir del momento en el que la fundación adquiere carácter público”. Remarcó que antes estaba en la entidad, pero con municipios, cajas y diputaciones, que tenían “a un gestor nombrado como gerente”.

Paralizar la transformación en ente público

Sin embargo, la investigación sobre Marina Castaño ha servido para que comience a desatarse una tormenta política. El Bloque ya ha pedido que se paralice la transformación de la Fundación en una entidad completamente pública.

La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha reclamado la “paralización del proceso de conversión de la Fundación Cela en pública”, al tiempo que ha solicitado la apertura de una investigación para analizar “la nefasta gestión de esta entidad”.

En 2010 se pidió auditar los fondos

Pontón pide que se le de luz verde a la investigación “comprometida” en el Parlamento. Ya en 2010, cuando la Xunta anunció el inicio de la transformación de la Fundación Cela para salvarla de la quiebra, también se aprobó por unanimidad una proposición no de lei en la que se pedía una auditoría de todos los fondos públicos destinados al ente.

“Ahora es más necesario que nunca porque estos hechos son de enorme gravedad y ponen aún más en entredicho una gestión que siempre estuvo bajo sospecha y que, aún así, recibió importantes ayudas públicas", remarcó.

Según los datos que defiende el BNG, desde 2010, el Gobierno gallego ha dado a la entidad unos 400.000 euros para ayudarla a salir del atolladero económico en el que se encontraba.
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