La cúpula de Copasa declara en la Audiencia Nacional por los desmanes de Caixanova
Los exdirectivos de la caja de ahorros defendieron este martes que su actuación fue "correctísima"
El expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y el exdirector general de la entidad, José Luis Pego, han sido los primeros en declarar este martes en la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en una operación urbanística desarrollada en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid en 2010, pero no serán los únicos. Parte de la cúpula de la constructora Copasa, con su presidente a la cabeza, tendrán que testificar ante la juez que instruye el caso.
Será este miércoles cuando pasen por la audiencia, entre otros, José Luis Suárez, presidente de la constructora ourensana, socio y administrador de Suarte Inversiones y Legio Auriense, integradas en Proseinga Gestión; Alfredo Blanco, director financiero del grupo Copasa, así como Miguel Pérez de Juan, administrador de Inversiones Rivapron, y Florencio Antonio Palomino Moreno, presidente de Imasatec, ambos vinculados también a la empresa.
Todos ellos deberán prestar declaración en el marco de un procedimiento abierto a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad bancaria supuestamente irregulares.
Perjuicio patrimonial
La Fiscalía tribuye a 17 exdirectivos de la extinta Caixanova delitos de administración desleal o apropiación indebida por una operación que habría producido un perjuicio patrimonial a Caixanova, actualmente integrada en el grupo Abanca, y a la financiera inmobiliaria Proinova.
Los exdirectivos de la entidad se han defendido este martes ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela indicando que la operación inmobiliaria, por importe de 67 millones de euros, fue «correctísima», estuvo «controlada» por toda la estructura de la caja y veló en todo momento por el interés de la entidad financiera.
La operación surgió en 2007 y fue formalizada en 2010 a raíz de un crédito concedido a varias sociedades inmobiliarias para la adquisición de solares en Rivas-Vaciamadrid, que acabó con la dación en pago después de que dos prestatarios entraran en concurso y no pudieran responder como consecuencia de la crisis económica. La caja consideró que esta era la salida mas rentable para sus intereses.
