La crisis industrial gallega agita el fantasma de la deslocalización
Con el estatuto aún en la nevera, Celsa pone la primera piedra de una planta en Francia que realizará los mismos productos que produce en A Laracha
Este martes, de nuevo, se celebrará un Consejo de Ministros y, con toda probabilidad, una vez más, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, el decreto ley reclamado por la industria para tratar de regular el precio de la energía, quedará en el cajón. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que, no obstante, este mismo mes el documento recibirá el plácet del Gobierno central. No obstante, las plantillas de las grandes industrias gallegas apremian al Ejecutivo. Llevan muchos meses esperando por el texto legislativo y temen que no llegue a tiempo. Antes ellos se cierne el fantasma de la deslocalización.
Uno de los principales argumentos de la gran industria a la hora de reclamar más ayudas al Gobierno central es que los costes de la energía son muchos más caros en España que en el resto de Europa. Alcoa, por ejemplo, asegura que el precio de la energía representa el 45% de los costes de producción de la factoría San Cibrao que, además, “son un 70% superiores” a los que tienen que afrontar otras plantas de producción de aluminio primario radicadas en Francia y Alemania.
Intranquilidad en Celsa Atlantic
Ante esas cifras, el miedo a una posible deslocalización es una constante que desde hace unos días ha tornado más tangible en la planta siderúrgica Celsa Atlantic en A Laracha. El grupo del que forman parte, pilotado por la histórica familia catalana Rubiralta, ha colocado la primera piedra de una nueva planta en Francia en la que invertirán 60 millones de euros y que, en esencia y según fuentes de la plantilla gallega, “va a desarrollar un trabajo similar al que se lleva a cabo aquí”.
Exactamente hace una semana, Celsa, considerado el primer grupo siderúrgico español y el segundo fabricante europeo de productos largos de acero, llevó a cabo el acto de colocación de la primera piedra de un nuevo tren de laminación que se desarrollará en las instalaciones de Celsa France, situadas dentro de la región de Nueva Aquitania. El presidente de la compañía, Francesc Rubiralta, afirmó que la inversión situará a la compañía “como el mayor complejo siderúrgico del sur de Francia”. El nuevo tren de laminación, con un inversión prevista de 60 millones de euros, supondrá la creación de alrededor de 140 nuevos puestos de trabajo de forma directa.
Mercado francés
En la plantilla de A Laracha hay intranquilidad porque, si bien los clientes a los que se dedicarán ambas plantas no son los mismos, el trabajo que se llevará a cabo con el tren de laminación es “prácticamente idéntico”, ya que está destinado a la fabricación de alambrón. “La mayoría de la producción que se lleva a cabo ahora mismo en la planta de A Coruña es precisamente la de alambrón”, explican representantes de los trabajadores.
Una vez terminada, tanto la nueva planta gala como la de A Laracha se abastecerán de la acería que el grupo tiene en Bayona, otro de los factores que provoca los recelos de la plantilla. Tanto la acería francesa como la factoría gallega formaban parte del paquete de activos de Hierros Añón que Manuel Añón, el empresario de origen larachés, vendió a la familia Rubiralta hace más de una década por más de 400 millones de euros.
Por otro lado, la factoría gallega de Celsa Atlantic se quedó a cero en la última subasta de interrumpibilidad eléctrica puesta en marcha a finales del año pasado por Red Eléctrica bajo las directrices del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
Alcoa: “La deslocalización es un hecho”
“Cada día que pasa sin aprobarse el estatuto para la industria electrointensiva, más aumentan las pérdidas de las plantas y mayores son nuestros problemas”. Así lo asegura el presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, José Antonio Zan, que alerta de que “la deslocalización es ya un hecho”.
“El aluminio que no se fabrica ahora aquí se está trayendo de otros países como Arabia Saudí, China, Mozambique o Noruega”, subraya Zan, que advierte de que las importaciones de productos de estos países se están disparando mientras la industria electrointensiva de toda España (con la gallega a la cabeza) languidece a la espera del estatuto.
La grieta por el CO2
Este desvío de actividad que se está produciendo en la industria electrointensiva gallega hacia estos países trastoca, según Zan, los planes de los propios gobiernos para reducir las emisiones de gases contaminantes. “En teoría desde el Gobierno se quiere que la industria reduzca las emisiones de CO2, pero las nuestras [por las del complejo de San Cibrao] son mínimas si las comparamos con las de estos países”, explica Zan.
En los países de la Unión Europea existe un sistema de subasta de los derechos de emisión. Las compañías del bloque comunitario deben comprar una cantidad de terminada de derechos en función de los volúmenes de dióxido de carbono que emitirán a la atmósfera durante sus procesos de producción.
Tras recortarse el número de estos derechos en circulación, los precios por emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera se han disparado hasta los 24 euros, quintuplicando los casi cinco euros a los que cotizaba hace exactamente tres años. Esta situación fuerza al Gobierno a conceder unas ayudas que el año pasado ascendieron a 172 millones de euros (Alcoa-San Cibrao se reservó 25,2 millones de euros), pero que, sin embargo, no fueron suficientes para evitar unos números rojos en el complejo de San Cibrao que, según avanzaba la dirección de la compañía en noviembre, habría perdido entre 50 y 60 millones de euros en 2019.
