La crisis de la Fábrica de Armas abre una guerra entre trabajadores

Los problemas que atraviesa la Fábrica de Armas, sin seguridad a causa de los impagos a la empresa que gestionaba el servicio y con el líder del nuevo proyecto imputado por un presunto delito de estafa, han provocado que los trabajadores den un golpe sobre la mesa. La división en torno a Hércules de Armamento, la empresa concesionaria de la gestión, se ha hecho evidente en el terreno político, en el de los medios de comunicación y ahora también en los sindicatos.

En asamblea, convocada por la CIG y celebrada después de que la empresa quedase sin vigilancia de seguridad,los trabajadores han mostrado «su firme y decidida decisión de defender los puestos de trabajo».»Así como combatimos la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara y el posterior cierre en 2013 de la fábrica por General Dynamics, también haremos frente a quien anda trabajando para que Hércules de Armamento cierre», han asegurado.

Aluden «a los que se arrogan la exclusiva condición de extrabajadores o incluso excomité de empresa», señala sobre empleados despedidos afines a UGT y a los que acusa de «boicotear» el reinicio de la actividad industrial. En concreto, les acusa de «importarles bien poco que se puedan perder 155 puestos».

El papel de las administraciones

Efectivamente, un grupo de trabajadores vinculados a UGT se ha mostrado desde el inicio en contra del actual proyecto, pues han denunciado incumplimientos e irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión desarrollada por Hércules de Armamento.

Este choque no evita que los actuales empleados reconozcan los problemas en la antigua Santa Bárbara. Reclaman a la dirección «la pronta normalización de la situación socio-laboral de la empresa», al tiempo que hacen un llamamiento a todas las administraciones públicas «para implicarse en la solución de todos los problemas y evitar el cierre de la fábrica».

Del mismo modo, instan a las administraciones públicas a implicarse «en una solución» para evitar el cierre de la Fábrica de Armas de A Coruña, después de que el Ministerio de Defensa retirase, de forma provisional, la autorización a la empresa para producir armas.