La continuidad de Endesa en As Pontes también depende de los impuestos
El TJUE decidirá en los próximos meses si el impuesto del 7% a la generación eléctrica que lastra a centrales como la de As Pontes es o no ilegal
La central térmica de Endesa en As Pontes se acerca a su cuarto mes consecutivo sin actividad a causa de la tormenta perfecta que se cierne sobre ella. Justo cuando Endesa encaraba la fase final de sus inversiones por valor de 200 millones de euros para adaptarla a las nuevas exigencias ambientales, una escalada de costes por dos frentes ha cogido a contrapié a la compañía.
Se trata de los derechos de emisión de CO2, que cotizan en los mercados como si de otra materia prima (oro o petróleo) se tratara, y que este año se encarecen un 8,8%, hasta los 25 euros la tonelada de carbono, del llamado céntimo verde que se aplica al carbón pero ya no al gas, y de un impuesto que ha sido motivo de una batalla judicial en la que la Unión Europea tiene la última palabra: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), conocido popularmente como el impuesto a la generación eléctrica.
Un gravamen del 7% sobre la industria
El tributo fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2013 y grava con un tipo fijo del 7% todo ingreso procedente de la incorporación y venta de energía eléctrica en la red. Tras seis años de periplo judicial en el que el Tribunal Constitucional decidió no admitir a trámite dos cuestiones de inconstitucionalidad al entender que no acarrea doble imposición junto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó a comienzos del pasado mes de octubre dejar este impuesto en suspenso durante seis meses.
Tras este paréntesis, su regreso en abril ha engordado de nuevo la factura de centrales como la de Endesa en As Pontes, que prácticamente no ha producido energía y permanece inactiva desde que el IVPEE volviese a entrar en vigor.
La pelota en el tejado de la UE
Sin embargo, el sector eléctrico español guarda todavía una bala para poder poner fin a este tributo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, debe posicionarse en los próximos meses sobre si este impuesto vulnera o no el derecho comunitario.
El TJUE tendrá que mover ficha después de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJCV) le plantease varias dudas respecto a este polémico tributo. La primera, si realmente se trata de un impuesto directo (que en teoría pesa solo sobre la empresa) o si es indirecto (los que son repercutidos al consumidor vía mayores precios). El derecho nacional lo configura como un impuesto directo, sin embargo, cuando el Gobierno decidió suspenderlo durante seis meses aludió a la necesidad de “aliviar” la factura eléctrica, algo que, a juicio, del TJCV, supondría una contradicción.
El tribunal valenciano también se cuestiona la legalidad del impuesto a la generación eléctrica por perjudicar a los productores nacionales, que sí deben cargar con este tributo, a diferencia de los extranjeros, y por carecer de una finalidad medioambiental, ya que grava por igual a las energías limpias, que a las fósiles.
La carga del CO2
Mientras la industria energética española espera a conocer si el TJUE admite a trámite las cuestiones planteadas por el TJCV, la otra problemática que dispara sus costes y pone en jaque su rentabilidad, el precio del CO2, continúa sin visos de desaparecer, sino, más bien, todo lo contrario.
Y es que la escalada en el precio de los derechos de emisión de CO2, cruciales para plantas térmicas como la de As Pontes, se acelerará en los próximos meses, según las estimaciones de los expertos. De los 25 euros por tonelada a los que cotizan en la actualidad, un panel de expertos consultados por Reuters vaticinó que su precio se disparará, de media, hasta el entorno de los 32,2 euros al término del año 2020, continuando con una escalada que llevará su precio por encima de los 42 euros ya en 2023, según las previsiones de ICIS.
