El juzgado decreta la liquidación del Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo y da cuatro meses para resolver la concesión / Wikipedia

La concesionaria del Pazo de Congresos de Vigo entra en liquidación

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El juez decreta la liquidación y da cuatro meses para resolver la concesión del llamado Auditorio Mar de Vigo

en A Coruña, 14 de noviembre de 2017 (19:34 CET)

El juzgado de lo Mercantil número tres de Pontevedra ha dictado la liquidación de la concesionaria del Pazo de Congresos de Vigo, el conocido como Auditorio Mar. El auto judicial, además de decretar la disolución de la sociedad, da un plazo de 15 días para que la administración concursal presente un plan para "la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado", es decir, para aprovechar los activos liquidables para atender los pagos de la deuda.

El juzgado indica que, una vez abierta la fase de liquidación, debe acordarse la resolución del contrato de concesión firmado en mayo de 2006 entre la sociedad Pazo de Congresos y el Ayuntamiento de Vigo. Merlin Properties, el dueño de Marineda City, se había hecho con el control de la sociedad a través de la cartera de Testa. En su último ejercicio, la concesionaria tuvo unos ingresos de 1,4 millones.

Cuatro meses para revertir la concesión

Según señala el magistrado en su auto, dado que la concesionaria ya no tiene facultad y derecho para continuar la explotación del Auditorio, "procede acordar la entrega y puesta a disposición" de las infraestructuras objeto de concesión al órgano concedente, esto es, al Ayuntamiento de Vigo.

El juez señala que, en esta entrega, también procede "minorar y poner fin al devengo de nuevos créditos contra la masa derivados de la continuidad de la actividad empresarial", y ello se hará poniendo a disposición del Ayuntamiento esas instalaciones, y "pasando tales gastos y devengos, junto con los ingresos, al órgano concedente".

Para culminar esta reversión, y dado que es necesaria una "coordinación de múltiples aspectos" entre la sociedad y el Ayuntamiento, el juzgado establece un plazo de cuatro meses, hasta finales de marzo, para que se deje de cumplir el contrato concesional.

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