La concesionaria de la Autovía da Costa da Morte, en quiebra técnica

Con la obra paralizada, los auditores suman a las “incertidumbres” sus dudas sobre “la capacidad de la empresa para continuar con sus operaciones”

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La última advertencia lanzada esta misma semana por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras a la concesionaria de la Autovía da Costa da Morte toca en hueso. Agustín Hernández, que dio públicamente de plazo hasta fin de año para que la empresa cierre definitivamente la financiación del proyecto, estableciendo enero de 2014 como fecha para retomar la obra, conoce de primera mano los problemas de los adjudicatarios, cuya situación patrimonial está plagada de “incertidumbres”. Así lo constata Daniel Fraga Romero, uno de los ejecutivos de KPMG que firma el informe de auditoría de Autoestrada Costa da Morte, Sociedad Concesionaria da Xunta de Galicia SA.

Además de las incertidumbres provocadas por los problemas de financiación, KPMG va más allá y advierte que, al no haber generado ingresos de explotación ni cerrado la financiación, a diciembre de 2012, fecha a la que van referidas las cuentas de la concesionaria, el importe total del pasivo corriente excede al activo en 4,8 millones de euros. Consecuencia de ello, dice KPMG, todos estos factores apuntan “a la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones”.

Llamamiento de la empresa

Con las obras paralizadas, y ejecutado algo más del 20% del proyecto, la concesionaria presenta un pasivo corriente, mayor que el activo, que implica que sus deudas a corto plazo son mayores que los recursos de los que dispone para hacerles frente, lo cual en condiciones normales implicaría su quiebra técnica.

La propia compañía alude a su situación en la memoria que acompaña a las cuentas, y viene a confirmar el temor constatado por los auditores. “Dado que hasta la fecha no se ha cerrado el acuerdo de financiación bancaria, al 31 de diciembre de 2012 tiene un fondo de maniobra negativo de 4.818.934 euros”, explica. “Este hecho”, continúa la concesionaria, “pone en duda la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento y, en consecuencia, la capacidad de la sociedad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos referidos en el balance, que ha sido preparado asumiendo que tal actividad continuará”, advierten. La concesionaria señala que está en proceso de estructuración de la financiación ajena, y hasta que no pueda disponer de esta conforme a lo previsto en el plan de negocio económico financiero, los accionistas «deberán hacer frente al desembolso de los dividendos pasivos comprometidos”.

El liderazgo de Copasa

Entre los accionistas de la concesionaria se encuentra Copasa, que cuenta con un 40% de su capital. También forman parte del capital de la empresa constructoras como Taboada y Ramos, otro 20%, y COVSA y CRC Obras y Servicios, con otro 20% cada una. “El apoyo financiero manifestado por los accionistas, que se concreta por una parle en la aportación directa de recursos adicionales a los establecidos en el plan económico financiero que sirvió de base a la adjudicación y, por otra, en la emisión de garantías a favor de las entidades financieras que otorgarán la deuda bancaria, son factores que reducen la duda sobre la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento”.

El modelo concesional gratuito para el usuario de la futura autovía (conocido como peaje en sombra), elegido ya por el bipartito cuando licitó por primera vez esta infraestructura en 2007, en plena bonanza económica, obliga a la constructora a encontrar la financiación inicial para las obras, por un importe superior a los 220 millones.

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