Imagen de la AP-9, controlada por Itínere, a su paso por Rande

La concesionaria de la AP-9 exige otros siete millones en el Supremo

Audasa eleva casi cinco millones de euros la cantidad que reclama a Fomento para compensar el cambio de criterio con los 'peajes en la sombra'

Audasa hace fuerza en el pulso que mantiene en el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Fomento a cuenta de la eliminación de peajes. La dueña de la AP-9, la autopista que vertebra Galicia de Ferrol a Tui, suma y sigue y revisa al alza la cantidad reclamada al Gobierno. La compañía ha elevado de 2 a 6,5 millones de euros la compensación que exige por el cambio de criterio del Gobierno a la hora de pagarle por los peajes suprimidos en los tramos O Morrazo-Vigo y A Barcala-A Coruña.

Así lo refleja Audasa en sus cuentas anuales del 2018 remitidas ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en las que recoge un beneficio de 40,7 millones de euros tras elevar sus ingresos por peajes hasta los 144 millones de euros. Esta cifra es insuficiente para Audasa, que considera que el año pasado dejó de ingresar otros 4,5 millones de euros por los llamados peajes en la sombra.

Cambio de criterio de Fomento

El hecho de que los usuarios lleven más de una década sin pagar peaje por viajar de la península de O Morrazo a Vigo o de A Barcala a la ciudad de A Coruña, no implica que Audasa deje de recaudar. A cambio de hacerla gratuita, la concesionaria de la AP-9 llegó a un acuerdo con el Gobierno Central y la Xunta de Galicia para que las dos administraciones asumieran vía impuestos unos pagos (de algo más de 10 millones de euros anuales) de los que quedaron liberados los usuarios de la vía.

Sin embargo, el Ministerio de Fomento dio, con Íñigo de la Serna al frente, un giro hace dos años. Además de asumir en exclusiva estas compensaciones a Audasa, la administración central cambió la forma de calcular esta compensación al acusar a la compañía de un “enriquecimiento injusto”. Una modificación que, según denuncia Audasa, le supone un recorte de ingresos del 45% respecto a lo que venía cobrando hasta entonces por esta vía.

Factura de 282 millones para subidas de peajes

Además de exigir una indemnización por valor de 6,5 millones de euros por el cálculo de los llamados peajes en la sombra, la dueña de la AP-9 también revisa al alza las compensaciones que tiene pendientes de recibir por parte de la administración por las obras realizadas.

Audasa estima en 282 millones de euros los saldos pendientes de cobro por las inversiones realizadas. La mayor parte (224,4 millones de euros) se corresponden a la ampliación del puente de Rande y a la construcción de la circunvalación en Santiago de Compostela. Estas cantidades que Audasa anota en su cuenta de resultados son las que posteriormente se utilizarán de base para calcular las futuras subidas de peaje (en 2019 ha sido del 3,51%).

Sin miedo a una condena por atascos

Audasa no hace mención en su informe anual al posible traspaso de las competencia de la AP-9 a Galicia como viene reclamando la Xunta en los últimos meses y, en todo caso, calcula que las decisiones gubernamentales (como las posibles subidas de peajes) solo podrán incrementar sus ingresos y no reducirlos.

Tanto es así que la compañía revela que no ha provisionado un solo euro para afrontar posibles sanciones por las demandas por los atascos provocados durante la ampliación del puente de Rande entre los años 2015 y 2018. “Las obras se han ejecutado de acuerdo con la normativa vigente, garantizando la seguridad de usuarios y de trabajadores, y, en todo caso con la menor afección posible al tráfico, siendo objeto de información a usuarios a través de los paneles y las señales de mensaje variable que se encuentran tanto en el tronco de la autopista como en los accesos de la misma, así como en la página web de la DGT, permitiendo, por tanto, al usuario optar por su utilización o elegir otra vía alternativa”, se defiende la compañía.

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