La Comisión Europea investigará el nuevo hospital de Vigo

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Admite a trámite la denuncia de la Asociación pola Defensa da Sanidade Pública al ver "indicios razonables" de que la adjudicación vulnere la normativa comunitaria

El presidente de la Xunta visita las obras del hospital de Vigo

en A Coruña, 20 de noviembre de 2015 (18:40 CET)

Sigue la tormenta en torno al nuevo hospital de Vigo, la infraestructura que inauguró un nuevo modelo sanitario en la colaboración público privada y que empezó a funcionar con numerosas deficiencias que sacaron a la calle a miles de ciudadanos. La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación pola Defensa da Sanidade Pública, que advertía de irregularidades en la adjudicación al grupo de constructoras que, en la actualidad, son también concesionarias de los servicios no clínicos del Álvaro Cunqueiro.

Las presuntas irregularidades

Defendía el colectivo que la fórmula administrativa elegida, una concesión pública, era inadecuada, pues se trata de una colaboración público-privada. En segundo término, denunciaba incumplimientos en el contrato de financiación, pues se recurrió a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por un importe máximo de 110 millones.

Según explica la plataforma, el organismo comunitario ha admitido a trámite la denuncia al observar "indicios razonables" de que se haya podido vulnerar la normativa europea. Tiene un año para realizar la correspondiente investigación. La Xunta, que estará obligada a remitir información a la Comisión, puede presentar alegaciones.

Financiación pública

Las empresas afectadas, que conforman la concesionaria del nuevo hospital, son Acciona, Puentes y Calzadas, Veolia y Concessia. La mitad de la financiación para las obras vino del sector público, pues al crédito del BEI hay que sumar el préstamo participativo de 30 millones otorgado por Axis, gestora de capital riesgo participada íntegramente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La asociación, que considera la admisión a trámite una "victoria política", estima que las empresas han evitado los riesgos derivados del contrato recibiendo ayudas de Estado encubiertas, como el crédito del BEI. 

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