La CIG lleva el cierre de la Fábrica de Armas ante la Audiencia Nacional
El sindicato presenta una demanda contra la decisión de General Dynamics de aplicar un ERE de extinción
La sección sindical de la CIG en la fábrica de armas de A Coruña ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra la decisión de Santa Bárbara Sistemas, filial de la multinacional General Dynamics, de aplicar un ERE de extinción de contratos para la totalidad del cuadro de personas de la factoría, según informa un comunicado.
En su demanda, solicita que se declare la nulidad del despido colectivo, con el consiguiente cierre de las instalaciones, ya que se entiende que no está “ajustado a derecho y carece de justificaciones económicas, organizativas o de producción que avalen tal medida”, indica en un comunicado.
Documentación incompleta
La demanda se formula en base a la documentación aportada por la empresa que, según la CIG, “ni está completa ni se puede contrastar con datos independientes y ni siquiera cumple los requerimientos formales marcados en la legislación actual”, añade.
En concreto, denuncia que la empresa «no concreta» la cualificación profesional de los trabajadores afectados por el ERE «ni se hace la relación por centro de trabajo».
Período de consultas
«Esta falta de información desvirtúa el objeto del período de consultas, que debería analizar y acreditar las causas alegadas, así como estudiar las posibilidades de evitar o reducir despidos y atenuar sus consecuencias», destaca el secretario de la sección sindical de la CIG, Xabier Rioboo.
Además, la CIG califica de «incompletas» las cuentas aportadas por la empresa. Así, tilda de «sospechoso» que, de los datos facilitados durante el período 2007-2012, «sólo en este último ejercicio se contabilicen pérdidas».
Datos incompletos
En cuanto al cierre de la fábrica de armas de A Coruña, la sección sindical de la CIG denuncia que los datos sobre los que se pretende basar el cierre «no pudieron ser probados y son, en buena parte, irrelevantes, tendenciosos y cuestionables».
Así, afirman que no es factible «verificar» los datos «más allá de lo que la empresa afirma». En su demanda, la CIG sostiene que «se desmontan» los cinco puntos «básicos» para el cierre: «falta de producto propio, previsión de actividad residual, estructura de costes, margen de contribución negativo y tasas de absentismo e incidencias», concluye.
