La CEOE reacciona tres meses después al tijeretazo de Montoro

Casi tres meses después de que el Gobierno diera luz verde al aumento del impuesto sobre sociedades, y un mes más tarde de que fuera aprobado por un real decreto, la CEOE estudia recurrir la medida impositiva ante el Tribunal Supremo. Un grupo de expertos contratados por la patronal presidida por Juan Rosell ha emitido un informe que considera que el afán recaudatorio del Gobierno «es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica», y que sus modificaciones podrían ser inconstitucionales.

Más concretamente, la CEOE concluye que la limitación de bases imponibles negativas, y las deducciones por doble imposición que establece el nuevo real decreto, podrían vulnerar el artículo 86 de la Constitución. Establece que un decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, como es el caso del deber de contribuir.

Otras críticas de la patronal son que las medidas adoptadas, por las que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, espera recaudar 4.650 millones adicionales, «suponen gravar una renta ficticia», lo que considera que es una elección arbitraria de las personas sobre las que inciden.

Retroactividad del impuesto

La CEOE también carga contra la retroactividad del impuesto, que si bien entra en vigor en 2017, alcanza al ejercicio fiscal del 2016. Los empresarios consideraron la medida como una «técnica legislativa muy perjudicial». Además, dijeron que la modificación se debería haber debatido en el Congreso con más tiempo para que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas.

La organización empresarial criticó que el Gobierno cambie una y otra vez la ley: este último decreto modifica otro que entró en vigor en 2013, y hace dos años, se aprobó una rebaja del tributo que se aplicó en 2015. «Algo se está haciendo mal cuando continuamente se modifica lo que ya fue modificado», indica el informe.