La cadena de favores de la Generalitat con los Sumarroca, al descubierto

El caso Innova destapó la intermediación de altos cargos de Salud para que Teyco consiguiera contratos en Costa Rica

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Las constructoras de la familia Sumarroca han sido de las más agraciadas por los concursos de obras públicas en Cataluña durante los gobiernos de CiU, tanto con Pujol como con Mas. Pero eso no es todo. Los favores convergentes a esta tan cercana familia van más lejos e incluyen desde intermediaciones, como muestra el sumario del caso Innova, al rescate de una autopista.

El trato de favor institucional a los Sumarroca no se limita a la cárcel, como está publicado. El caso Innova, que investiga un presunto caso de corrupción sanitaria con origen en Reus, ha destapado una supuesta cadena de favores del Govern a Teyco, constructora presidida por Jordi Sumarroca, encarcelado por otro caso de corrupción en Torredembarra.

Lobby público para Teyco

La información apunta a que varios altos cargos de la consejería de Salud intermediaron para conseguir contratos para Teyco e incluso ejercieron de lobby, a opinión del juzgado de instrucción número 3 de Reus, que lo consideró «insoportable desde el punto de vista ético», recogió El País en marzo.

Las presiones tenían como objetivo que Teyco construyera centros médicos en Costa Rica y se descubrieron a partir de la investigación a un arquitecto en el caso Innova, Jorge Batesteza, ex alto cargo de Salud. La Guardia Civil de Tarragona encontró varios correos electrónicos entre Batesteza, altos cargos de la Generalitat y las empresas de Sumarroca que sugerían dichos favores.

Visitas a hospitales públicos

Los correos indican que Batesteza, imputado por tráfico de influencias, intercedió con Teyco para «conseguir que la consejería de Salud participe a través de sus más altos cargos el en lobby sobre las adjudicadoras suramericanas». En los emails se implica a Jaume Tort, quien era entonces, en abril de 2013, jefe de gabinete de Boi Ruiz. Actualmente dirige la Organització Catalana de Transplantaments (OCATT).

Tort organizó, con directivos de Teyco, reuniones de alto nivel y varias visitas a los hospitales de Sant Pau, Moisés Broggi y del Mar, todos ellos públicos. Esto demostraría, según el juez, el «alto acceso» que tenían los Sumarroca a lo público, con unas presuntas «campañas de lobbying» para conseguir contratos en Suramérica.

El rescate de la C-17

El Govern fue muy duro con el rescate de las autopistas radiales madrileñas, que podría costar al Estado 4.000 millones de euros. Pero pasó de puntillas sobre el rescate de la catalana C-17 entre Vic y Ripoll, hecho en el primer trimestre del año y cuyo coste asciende a 275 millones de euros.

Dicho tramo de la C-17 fue adjudicado en 2006 por el tripartito y se inauguró entre 2010 (el primer tramo) y 2011 (el segundo) a Cedinsa. La construcción debía pagarse con el sistema de peaje a la sombra, según el cual la administración no paga un fijo por el servicio sino que paga en función del número de coches que pasan por la autopista.

El tráfico en esta vía no fue suficiente para que la concesionaria pudiera afrontar los créditos y, después de no poder reestructurar su deuda con la banca, en febrero el Govern se tuvo que hacerse cargo de ésta, de 220 millones, además de asumir 55 millones más de responsabilidad patrimonial de la administración. Entre la banca acreedora se encuentran entidades como el Santander, BBVA, CaixaBank, CatalunyaCaixa, Bankia y el ICO.

Crítica a la herencia del tripartito

El Govern de Mas criticó la herencia recibida por el tripartito y cargó contra los peajes a la sombra, que considera un pozo sin fondo. Pero fue al rescate. ¿De quién? De las cuatro constructoras que participan en Cedinsa, dos –Copisa y Comsa Emte– tienen a los Sumarroca detrás. En el caso de Comsa Emte, con los Miarnau, que han tomado el control de la sociedad.

Cedinsa explota otras infraestructuras en Cataluña como la C-25, que une Cervera y Girona, y la C-35, ambas con el sistema de peaje a la sombra. El mismo sistema se utiliza para la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona, cuya concesión, realizada en las últimas semanas del Govern Pujol en 2003, benefició a la familia Sumarroca.

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