La Autopista del Atlántico, un traspaso que puede resultar envenenado

De consumarse, la transferencia de la AP-9 llegará con casi 264 millones en compensaciones pendientes firmadas, que condicionan rebajas de peajes

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Si como todo parece indicar el 2020 es el año del traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, envuelta de nuevo en aumentos de peajes por parte de su concesionaria, la Xunta deberá hilar muy fino para asumir la competencia, ya que Galicia se encuentra ante una transferencia que puede resultar finalmente envenedada si no sientan las bases ahora y se negocia con el nuevo titular del Ministerio de Fomento.

La Autopista del Atlántico llega con mochila; es decir, con compromisos ya adquiridos que van más allá de esa ampliación de la concesión hasta 2048 que pactó el Gobierno de Aznar en el año 2000 a cambio de que se levantase el peaje en el tramo Rande-Puxeiros.

Alargar la concesión o subir los peajes

La de alargar todavía más la vida de la concesión para costear la gratuidad de algunos tramos o la financiación de obras como la de Rande fue una opción que llegó a barajar en su día hasta el Gobierno de Rodríguez Zapatero con José Blanco en Fomento. Al final, optó por lo aparentemente menos polémico y cedió esas subidas de peaje que ahora pagan todos los gallegos, como luego haría también Ana Pastor.

¿Y qué contiene esa mochila con la que, si no se remedia a tiempo, parece que llegará la transferencia de la titularidad de la autopista? El hatillo viene repleto en forma de compromisos ya adquiridos. Y está detallado. Audasa hizo números al cierre del primer semestre de 2018 y concluyó que las compensaciones firmadas por el Ministerio de Fomento ascendían a 263,8 millones. Toda una hipoteca si de lo que se trata es de lograr rebajas, como pretende la Xunta.

Las compensaciones de José Blanco y Ana Pastor

Esos 263,8 millones es lo que prevé ingresar la concesionaria mediante subidas del peaje en compensación por acometer las obras de la ampliación de Rande, la circunvalación de Santiago y por los descuentos que aplica en diversos tramos entre Vigo y Pontevedra. El pago conllevará un encarecimiento de las tarifas del 1% al año, como el que ha llegado esta vez con el primero de enero, que se añadirá a la subida del IPC.

Poco o nada cambia el traspaso a la Xunta de la infraestructura en esta dinámica. Si se lleva a cabo finalmente, el Gobierno gallego pretende negociar con la concesionaria una flexibilización de las tarifas, pero para ello necesita cuadrar una fórmula que le permita devolver esos más de 260 millones pendientes de restituir a Audasa.

Del total, 239 millones se corresponden al convenio firmado en 2011 por José Blanco para financiar las obras de Rande; y 24,1 millones al impulsado por Ana Pastor en 2013 para compensar a la empresa por los descuentos en las áreas de Vigo y Pontevedra. A las compensaciones hay que restar lo ya abonado, es decir, lo que los conductores ya han pagado durante el último año y medio.

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