Vista exterior de la fábrica de Ence en Pontevedra / Ence

La Abogacía del Estado avaló la prórroga a Ence en Pontevedra

El comité de empresa de la pastera hace público el informe de la Abogacía del Estado de 2015, en el que sí respaldaba la prórroga en la concesión

El comité de empresa de Ence carga contra la Abogacía del Estado y contra el Ministerio para la Transición Ecológica por su drástico cambio de postura sobre la planta de la pastera en Pontevedra. Los presidentes de los comités de empresa de la fábrica, Ignacio Acuña y de las oficinas centrales de Ence, Ana Cedeira, han expuesto este miércoles durante una rueda de prensa el informe de la Abogacía del Estado de noviembre de 2015. En él se respaldaba la legalidad de la prórroga en la concesión de su planta gallega por otros 60 años por “estar conforme a derecho”.

Este informe fue tomado como base por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que tan solo tres meses más tarde acordaría prorrogar la concesión por otros 60 años, en un movimiento que el Concello de Pontevedra ha denunciado ante la Audiencia Nacional. El consistorio cuenta con el apoyo del Gobierno en esta batalla legal, después de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar decidiese allanarse en el proceso.

El informe que desmiente al Gobierno

El desencadenante de este giro por parte del Gobierno ha sido el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, que ahora entiende que la prórroga no fue realizada conforme a derecho. Un cambio de criterio que fue negado este martes por el director de gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ismael Aznar, en su reunión con los sindicatos, y que ahora encuentra respuesta.

En su encuentro con los representantes de los trabajadores, Aznar defendió que la Abogacía del Estado siempre se había mostrado en contra de la prórroga, algo que los documentos aportados por el comité de empresa desmienten.

Además de arremeter contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y contra la Abogacía del Estado por su “electoralismo”, los sindicatos sostienen que no hay ninguna alternativa viable para el traslado de la planta y anuncian una campaña de movilizaciones para defender los casi 5.000 empleos directos e indirectos que genera la planta de Lourizán.Entre las posibilidades están la de personarse como parte afectada en las causas abiertas contra la prórroga de la concesión y redoblar sus movilizaciones en las calles en un calendario que se iniciaría con una protesta ante la Diputación de Pontevedra este mismo viernes.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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