Isolux se encara en los tribunales con la Xunta y Hacienda

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Una de las constructoras más beneficiadas por contratos públicos se enzarza en una batalla judicial por el tributo de una concesión eólica

Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Isolux, Luis Delso

06 de julio de 2014 (22:35 CET)

La constructora Isolux-Corsán llevará hasta sus últimas consecuencias la guerra abierta con la Xunta de Galicia y el Ministerio de Hacienda. Desencadenó la batalla las discrepancias sobre el pago de un impuesto por la venta de la concesión de un parque eólico situado entre Guitiriz y Friol. La firma ha recurrido una y otra vez en vía administrativa y judicial la liquidación ordinaria y el posterior recargo de apremio por la incorrecta liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales. La factura asciende a más de 1,5 millones, siendo el recargo 251.593 euros y el importe principal 1,25 millones, según consta en los documentos de la Audiencia Nacional.

La constructora, a través de su filial Corsán Concesiones, ha optado por verse las caras con las administraciones gallega y central en el Tribunal Supremo, la última instancia a la que puede recurrir y donde espera esquivar el pago. El procedimiento arrancó con una liquidación de la Agencia Tributaria de Galicia, y ha ido escalando la jerarquía administrativa, primero, y luego judicial, hasta llegar al Supremo, que admitió parcialmente a principios de junio pasado el recurso de casación presentado por Isolux.

Uno de los parques más eficientes en Galicia


Fuentes de Isolux-Corsán confirmaron a Economía Digital que, por el momento, no se había hecho el pago del tributo reclamado por el fisco. De forma sustitutiva, la constructora entregó un aval para cubrir las posibles consecuencias adversas de la resolución previa de la Audiencia Nacional y de la futura, que ya será firme, del Tribunal Supremo.

El complejo energético que generó el conflicto cuenta con 14 aerogeneradores y una potencia instalada de 24 megavatios. Si bien podría pensarse que el tamaño es reducido en relación a otros megaparques eólicos gallegos y españoles, los expertos del sector coinciden en que es uno de los parques más rentables de Galicia, por sus altas condiciones de aprovechamiento y constante operatividad durante la mayor parte del año.

En manos de Estela Eólica


La autorización administrativa para construir y explotar la instalación energética en la zona de Cova da Serpe fue concedida de forma definitiva por la Xunta de Galicia en agosto de 2010.

Poco después Isolux vendió la citada explotación a la firma Gecalsa, accionista mayoritaria de la firma Estela Eólica, con intereses en Galicia y otras concesiones en España.

Lista de derrotas

A partir de aquí, la Administración tributaria notificó a Isolux Corsán Concesiones que debía efectuar el pago de los derechos de posesión y transmisión a la Agencia Tributaria de Galicia. Esta cuantificación económica tuvo como respuesta la negativa de la constructora a pagar y saldar la deuda. Primero recurrió la resolución inicial ante el Tribunal Económico-Administrativo, que desestimó su impugnación.

En segunda instancia presentó un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que también tumbó las tesis de Isolux. Y ahora el Supremo ha admitido parcialmente un recurso de casación contra la sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional.

La favorita de las administraciones


Isolux se embarcó en este largo procedimiento con las administraciones tributarias gallega y central, pero, en realidad, es una de las empresas favoritas de las administraciones. En 2013 fue una de las diez empresas constructoras más beneficiadas por contratos públicos. La Xunta otorgó cuantiosas subvenciones a su filial fotovoltaica, T-Solar, que con su liquidación enterró 13,5 millones en ayudas.

Infinita Renovables, también perteneciente al grupo Isolux, se llevó otros 5 millones en subvenciones del Igape, según denunció el PSdeG. La compañía, la tercera mayor adjudicataria de obra pública en Galicia, se ha visto salpicada por la Operación Yogui, que investiga supuestos sobornos a funcionarios de Adif.
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