Isolux Corsán, la empresa de las mil sombras

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El grupo industrial capea numerosos litigios en España y América Latina, los dos territorios donde tiene más implantación

05 de mayo de 2014 (14:05 CET)

Isolux Corsán es uno de los grandes grupos de infraestructuras de España. Su cifra de negocios roza los 2.900 millones de euros y los números rojos se repiten en los resultados fruto del desplome del sector. En 2012, el último año con las cuentas consolidadas, las pérdidas alcanzaron los 102,29 millones de euros. Los malos resultados cosechados obligaron a la dirección, encabezada por Luis Delso, a recortar la plantilla en su país de referencia con varias medidas que han sido impugnadas en los tribunales. Los litigios laborales no son los únicos que han llevado a la compañía ante los magistrados. Isolux acumula causas en juzgados de medio planeta.

El trabajo realizado en México está bajo la lupa de las autoridades del país. Opera en la región desde 1991. En este tiempo, el grupo ha sido inhabilitado y multado por presentar información falsa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También ha asumido penalizaciones por no ejecutar trabajos dentro del plazo convenido en el contrato y varias organizaciones civiles le han denunciado por incurrir en varias irregularidades. Entre ellas, ejecutar obras sin permisos, causar daños medioambientales, abusar de los trabajadores y cobrar peajes excesivos. El grueso del negocio en México se basa en la gestión de autopistas.

Argentina y El Salvador

Isolux Corsán también se vio involucrada en una trama corrupta en Argentina que se generó en el entorno del ministro de Planificación Federal, Ricardo Jaime, quien presentó su renuncia a Cristina Fernández de Kirchner en verano de 2009. Se acusa al político de cobrar dávidas, de irregularidades al otorgar subsidios y concesiones y de malversación de fondos públicos, entre otros. Las causas aún están abiertas.

Asimismo, la empresa española fue acusada en El Salvador de conseguir licitaciones a cambio de pagar sobornos a varios funcionarios que acabaron en la cárcel. Un conducta que, presuntamente, se repite en la ejecución de las obras del AVE en España.

Irregularidades en la licitación del AVE

El grupo de infraestructuras ha recibido adjudicaciones de la línea de alta velocidad desde que el Ministerio de Fomento empezó a licitar el proyecto. Las supuestas irregularidades en el proceso ya se habían notificado.

En la localidad de El Prat del Llobregat (BCN) se denunció en 2008 que Isolux casi había terminado la construcción del puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) del municipio al mismo tiempo en el que se abría el concurso público. El proyecto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tenía un presupuesto de 15,69 millones de euros.

Colaboración con la justicia

En ese momento, la socialista Magdalena Álvarez capitaneaba Fomento. Ocurrió en el mismo mandato que los supuestos contratos hinchados para unir la estación de la Sagrera con el Nus de la Trinitat en la capital catalana que son investigados, la Operación Yogui.

Isolux Corsán ha manifestado en un comunicado su intención de colaborar con la justicia. Ha declinado realizar ningún otro comentario alegando el secreto de sumario dictaminado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción.

Valladolid y Madrid

No es la única ocasión en que se acusa a la constructora de connivencia con políticos y funcionarios para conseguir contratos a su favor. La oposición de Valladolid (Castilla y León), que ejerce el PSOE, ha acusado al alcalde del municipio, Javier León de la Riva (PP), de adjudicarles la gestión de los aparcamientos subterráneos del municipio a cambio de mantener su silla en el consejo de administración de EBN Banco de Negocios, del que era accionista Corsán. El edil incluso presidió la Comisión de Auditorías, cargo que mejoró su retribución de la entidad, hasta noviembre de 2011.

Anteriormente, la compañía fue sentenciada por omitir el pago del Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2000. Fue absuelta de la sanción por la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional casi 10 años después.
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