José Ramón García, fundador de Blusens

Inhabilitado el fundador de Blusens por defraudar 800.000 euros de IVA

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La Audiencia Provincial ordena la inhabilitación de José Ramón García durante 540 días para ejercer cargos de administrador o apoderado en sus empresas

en A Coruña, 18 de octubre de 2018 (07:00 CET)

La Audiencia Provincial de A Coruña, en un auto fechado el pasado 7 de mayo, ha ordenado la inhabilitación del fundador de Blusens, José Ramón García, para ejercer cargos de administrador o apoderado en empresas durante 540 días. Los magistrados atendieron la petición de la Fiscalía y levantaron la suspensión de una condena previa contra el empresario por defraudar más de 800.000 euros en la declaración del IVA de Blusens Technology, la filial de compras de Blusens.

La Audiencia considera probado que José Ramón García “consciente y voluntariamente y con la finalidad de beneficiarse en sus declaraciones tributarias del IVA” utilizó empresas pantalla para simular documentación contable y generar desgravaciones. La investigación, adelantada por este medio, la llevó el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, que inhabilitó al empresario para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de administrador o apoderado de entidades mercantiles durante el tiempo de la condena.

Los jueces critican las alegaciones del fundador de Blusens

Esta pena quedó en suspenso y pendiente de recursos, que la Audiencia Provincial resolvió en mayo ordenando la ejecución parcial de la sentencia como pedía la Fiscalía y, por tanto, activando la inhabilitación de José Ramón García. La otra parte de la condena, nueve meses de prisión, continúa en suspenso. En su argumentación, los magistrados cargan con dureza contra el fundador de Blusens, entre otros motivos, por no reconocer los hechos y por hacer ver que es un “empresario ejemplar”.

“La gravedad de los hechos cometidos por el penado, no sólo por la cuantía defraudada a la Hacienda Pública (más de 800.000 euros), sino por la distorsión que genera en el mercado al competir sin respetar las obligaciones tributarias, así como la absoluta falta de reconocimiento de la responsabilidad que ponen de manifiesto las alegaciones en las que no sólo se pone de relieve su carácter creativo y emprendedor, sino que critica la lentitud del procedimiento penal, como si de un empresario ejemplar se tratara, ponen de manifiesto que el fin de prevención especial de la pena difícilmente podría cumplirse (…) si se permitiese al penado seguir desarrollando su actividad como si nada hubiera pasado”, dice el auto de los jueces.

A pesar del declive de Blusens, otrora referente de la innovación en Galicia, José Ramón García siguió respaldando y poniendo en marcha nuevos proyectos hasta tener presencia en cerca de una decena de empresas dedicadas a sectores tan diversos como la iluminación, el textil, la alimentación, el comercio digital o la fabricación de teléfonos. Ahora, queda inhabilitado para ejercer como administrador o apoderado en cualquiera de ellas durante año y medio. 

Así funcionaba la trama para defraudar el IVA

En un fallo previo al auto que levantó la suspensión de la inhabilitación del empresario, la Audiencia Provincial describe el mecanismo utilizado por Blusens Technology para evitar el pago de impuestos. Según relata en los hechos probados de la sentencia, el empresario intervino entre 2005 y 2006 en “un negocio de aparente circulación de mercancías que ni antes ni después de estas fechas constituyó el objeto de su empresa y en virtud del cual dedujo un IVA soportado durante el ejercicio 2005 de 435.740 euros, y durante el año 2006, de 384.757 euros”. Es decir, el fraude ascendería a algo más de 820.000 euros.

La operativa se basaba en la compra de procesadores a la entidad Opción Computer y la posterior venta a un operador intracomunitario. Uno de los compradores era Regent Trade, una empresa radicada en Alemania dada de baja por las “sospechas de la fiscalía alemana de su implicación en tramas de fraude del IVA” en territorio comunitario. Otra de las empresas receptoras era Fallworth Limited, con sede en el Reino Unido.

“Ninguna de estas dos entidades ejercía actividad comercial alguna ni declaró fiscalmente las adquisiciones y entregas de bienes efectuadas Sus únicos representantes conocidos son sus asesores fiscales, que se limitaban a presentar sus declaraciones tributarias en función de la documentación contable que se les remitía por correo electrónico desde un despacho de Barcelona, Braxton Consulting”, dicen los magistrados.

Fraude en carrusel

Estas sociedades recibían la supuesta mercancía en un almacén de Holanda y la vendían a diversas empresas españolas. El problema es que la mayoría de estas sociedades “o bien carecía de actividad comercial o la misma no guardaba relación alguna con la compraventa de microprocesadores”. Tampoco presentaron “declaraciones del IVA por la adquisición y posterior venta de las mercancías”. Y entre los compradores finales estaba Opcion Computer, la entidad que en primer término vendía los procesadores a Blusens Technology. Este funcionamiento, pensado para generar documentación contable ficticia, es lo que en el argot tributario se conoce como "fraude carrusel".

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