Industria financiará gratis a Navantia para asumir el encargo de Defensa

Los préstamos a los astilleros públicos para la construcción del buque de la Armada no devengarán ningún tipo de interés y serán concedidos por el departamento de José Manuel Soria

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El Estado como propietario, cliente y financiador. En un tres en uno consiste la operación armada entre SEPI, Defensa e Industria para encargar a Navantia un navío de guerra, el denominado buque de acción marítima. Con el aplauso de la Xunta y el visto bueno de Hacienda, propietaria del holding público presidido por Ramón Aguirre, se ha dado el plácet definitivo al encargo, retomando los contratos con el Ministerio de Defensa, hasta 2006 el gran y casi exclusivo cliente de los astilleros públicos, al estar vetada la construcción civil por la Unión Europea. Navantia se endeudará para asumir el proyecto. Y lo hará, de nuevo, con el Estado.

Como tradicionalmente lo ha hecho cuando se tratan de encargos del Ministerio de Defensa, será otro departamento del Gobierno, Industria, el encargado de financiar la construcción del buque. Navantia siempre ha saltado con red cuando toca asumir un encargo desde el sector público, al contrario que, por ejemplo, un astillero privado, que acude a la financiación bancaria o a los esquemas de bonificaciones fiscales como el tax lease. Y, ahora, Navantia engordará todavía más su balance, por el lado del pasivo, para hacer frente al encargo, con un coste que ronda los 200 millones. Será Hacienda quien apruebe la autorización del crédito para realizar el encargo. De hecho, el ministro del ramo, Cristóbal Montoro fue el primero en anunciar hace ya meses la posibilidad de la construcción de un buque militar.

Financiación específica

Los astilleros públicos arrastran un pasivo total de 4.600 millones, del que unos 3.000 son deudas a largo plazo, ochenta a corto y otros 211 millones que epresentan deuda contraída con empresas del propio grupo dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Esos 3.000 millones de deuda a largo son, de acuerdo con la última memoria publicada por la compañía presidida por José Manuel Revuelta, principalmente endeudamiento contraído con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que actualmente pilota José Manuel Soria. Tradicionalmente, es ese departamento el encargado de otorgar a los astilleros públicos “financiación específica, mediante préstamos que no devengan ningún tipo de interés, que posibilita el desarrollo de ciertos programas militares para el Ministerio de Defensa”, relata la compañía en dicha memoria.

Contratos de pago aplazado

El Estado se convierte así en financiador del astillero de la SEPI. Estas operaciones están instrumentadas mediante la formalización de contratos de venta con pago aplazado, de tal forma que “los cobros se reciben de forma gradual a lo largo del desarrollo de los proyectos, y el calendario de devoluciones está alineado con el calendario de pagos del Ministerio de Defensa”, explica Navantia.

Otro tanto sucede con las deudas los astilleros públicos con empresas del propio grupo a largo plazo. Y también el Estado pone el dinero. En este caso se incluyen los préstamos para proyectos de I D procedentes de la SEPI, “retribuidos al tipo de mercado para esta clase de pasivos”.

Navantia explica que” los préstamos correspondientes a proyectos ya calificados se registran por su valor actual, tomando como referencia el euribor más un diferencial”, siendo en este caso el tipo de actualización el 2,58%. A mayores de todo ello, las pérdidas de Navantia también las asume el Estado. El año pasado los números rojos se duplicaron, hasta casi los 80 millones de euros netos. Todo queda en casa.

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