Imputados otros 10 empresarios por la trama del jamón. En la imagen, Francisco Cordero Gamero, hermano de Antonio Cordero (a sus espaldas con chaqueta azul), imputado.

Imputados otros 10 empresarios por la trama del jamón

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Los juzgados amplían la investigación por la trama de jamones en mal estado en toda España

David Placer

Imputados otros 10 empresarios por la trama del jamón. En la imagen, Francisco Cordero Gamero, hermano de Antonio Cordero (a sus espaldas con chaqueta azul), imputado.

Madrid, 19 de noviembre de 2018 (04:55 CET)

Las investigaciones judiciales sobre la trama del jamón en mal estado que han terminado con la incautación de un millón de kilos en toda España ha avanzado con la imputación (investigación, según los criterios judiciales actuales) de una decena de empresarios por su implicación en una red acusada de delitos contra la salud pública.

Los juzgados de Fregenal de la Sierra (Badajoz), que han imputado al empresario catalán Blai Parés, propietario de Osona Intensiva y presidente de Comapa, el mayor distribuidor de ibéricos de España y proveedor predilecto de Carrefour, tendrá que declarar el próximo cinco de diciembre, pero otra decena de empresarios y testaferros le seguirán en sus declaraciones ante la juez.

Los tribunales han citado a todos los imputados para declarar los días 5 y 20 de diciembre. Además de Blai Parés, también tendrá que dar explicaciones sobre la trama el empresario Antonio Cordero Gamero, a quienes los investigadores le atribuyen la responsabilidad de una trama millonaria de una treintena de empresas que se lucra con la comercialización de jamones y carnes en mal estado y que se adulteran para presentar como productos aptos. Se trata, según las investigaciones, del cerebro de la red del jamón podrido, aunque su nombre no figura en ninguna de las empresas implicadas. En las empresas de la trama aparece su hermano, Francisco Cordero Gamero, que no ha sido imputado por los tribunales. 

La red captaba jamones y embutidos que los supermercados desechaban por estar sobre su fecha de consumo preferentes y los almacenaban en naves clandestinas y en malas condiciones higiénicas.

La Guardia Civil y los servicios sanitarios de varias comunidades autónomas han incautado más de un millón de kilos en toda España y se ha emitido una alerta sanitaria para prohibir la venta de una docena de marcas, entre ellas Oro de la Ermita, una de las marcas vendidas hasta mediados de años en las tiendas de Carrefour.

Además de los nuevos imputados, el juzgado ha ordenado la búsqueda de un empresario desaparecido en las primeras acciones de la Guardia Civil. Se trata de José Miguel Gómez Hervás, que se fugó en junio, tal como avanzó Economía Digital. Se encuentra en paradero desconocido.

Los imputados

Entre los imputados también han sido llamados a declarar Jaime Álvarez Fra, representante legal de Jamones Oro de Granada, una empresa perteneciente al proveedor de productos cárnicos low-cost de Carrefour. Tendrá que declarar el 5 de diciembre.

Otro de los imputados son Pedro Blázquez Serrano, el empresario que está detrás de Sierra Jarota, un almacén que vende en Zafra jamones y productos ibéricos hasta por un euro. Los productos cárnicos se encuentran en condiciones sospechosas con manchas negras y moho, tal como ha publicado este medio.

También tendrá que declarar en los juzgados Juan Carlos Velázquez Pérez por estar implicado en la presunta destrucción de producto en mal estado procedente de la trama que se pretendía esconder después de que se inició la investigación policial y judicial. Velázquez Pérez ha explicado a este diario, a través de su abogado, que la mercancía que destruyó y que investigan los tribunales no guarda relación con la trama del jamón, aunque sí reconoce relaciones comerciales con algunas de las empresas implicadas. El empresario cárnico mantiene su inocencia y deberá dar explicaciones el próximo 20 de diciembre ante los juzgados. 

Enrique Nicolau Carpintero, propietario de Jamones Nicolau, y conexo con la trama valenciana del jamón y con la empresa Vitalinna, también ha sido imputado.

Otros imputados:

Manuel Arias Rodríguez, representante legal de Iberlinares

Antonio Enrique García Arévalo Navarrio, representante legal de Only Spain

Ángel Antonio García López, representante legal de Cárnicas Sierra Dulce

Rogelio Ruiz, representante legal de Dehesa

Antonio Rocha Vega, representante legal de Cárnicas Jamontanchez

Los juzgados de Alzira (Valencia) también han informado a este medio que han interrogado a más de 100 involucrados y testigos en la trama valenciana. Hasta ahora, ha habido seis imputados.

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