Iberdrola aparca una inversión de más de 500 millones en la cuenca del Sil

La inseguridad regulatoria y la actual coyuntura económica retrasan 'sine die' la construcción de la mayor central de bombeo de la comunidad, Santa Cristina, en pleno corazón de la Ribeira Sacra

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Iberdrola ha decidido aparcar sine die su proyecto más ambicioso en la cuenca del río Sil. Se trata de la central de bombeo de Santa Cristina, con una potencia de 750 megavatios y una inversión superior a los 500 millones de euros, llamada a ser la mayor instalación de estas características en Galicia.

En la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de tramitación ambiental, pero desde la compañía señalan que no se ejecutará a medio plazo debido a la «inseguridad regulatoria» y a la actual situación económica. Los planes iniciales de la compañía pasaban por iniciar los trabajos en 2010 y poner en marcha la instalación en el 2017.

Larga espera

Cinco años después, las obras aún no han comenzado. En 2009, la ministra socialista de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, decidió suspender cautelarmente las concesiones pendientes de tramitación en la cuenca del Miño-Sil. Esta decisión afectó de lleno al proyecto de Santa Cristina. No así a los de Santo Estevo II y San Pedro II, el primero ya finalizado y el segundo en su fase final.

La intención de Iberdrola era superar en 2018 los 2.000 megavatios de producción hidraúlica en la cuenca del Miño-Sil. Cuando concluyan los trabajos de montaje eléctrico en el embalse de San Pedro, serán alrededor de 1.400 megavatios los que ponga la compañía en el sistema para compensar las fluctuaciones de la generación eólica.

Gravámenes

Desde Iberdrola explican que los cambios regulatorios han incidido en gran medida en el aplazamiento de este proyecto. En 2008, cuando se inició la tramitación de las centrales de Santo Estevo y San Pedro, las reglas del juego eran distintas a las actuales. La entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad ha provocado, por ejemplo, que los ingresos por generación eléctrica se graven con un 7%, mientras que en el caso concreto de la hidroeléctrica asciende al 22%. Esto, sumado a la desfavorable coyuntura económica, provoca que para la compañía sea «difícil plantear inversiones».

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