Hacienda obliga a Finsa a devolver casi 4 millones en ayudas

La primera maderera gallega retorna 2,8 millones de los incentivos regionales y un millón más de intereses de demora por incumplir sus compromisos de empleo en Fibranor

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Diez puestos de trabajo han costado a Finsa algo más de 3,7 millones de euros. Es la cantidad que Hacienda resolvió que debía devolver la primera maderera gallega de los incentivos regionales que percibió la compañía entre 2008 y 2009 para su filial Fibranor, con centro productivo en Rábade (Lugo).

Finsa había ingresado en ayudas 8,9 millones en tres pagos entre marzo de 2008 y diciembre de 2009. Es, por lo tanto, un reintegro parcial que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos fijó en octubre en 2,8 millones, añadiendo a la cuenta otros 940.681,47 euros por intereses de demora. La orden de Hacienda se hizo pública el pasado diciembre. El texto especifica que «la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios emitió informe sobre la condición de empleo del expediente, del que se deduce el incumplimiento en la creación y mantenimiento del empleo».

A pesar de que la resolución era susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, Finsa, según pudo saber este medio, ya devolvió la cuantía reclamada.

Todo bien hasta la crisis

El incumplimiento, de carácter parcial, se fundamenta en que Fibranor creó diez empleos menos de los previstos. Sólo pudo acreditar 21 nuevos trabajadores con carácter estable cuando tenía que crear y mantener 31 empleos. Así lo exigía la subvención concedida el 4 de marzo de 2005 por un importe total de 15,8 millones.

En esos años, Finsa acometió fuertes inversiones en su centro lucense, que arrancaron con una ampliación de la planta y siguieron con la construcción de la caldera de biomasa, que fue inaugurada en 2008. Fibranor llegó a 2009 con 300 trabajadores, que sufieron un ERE temporal, símbolo de los malos tiempos que siguieron a la etapa de expansión.

En el caso de los incentivos regionales, subvenciones a fondo perdido que concede la Administración General del Estado con fondos europeos, se aplican a un proyecto concreto. De ahí que se especifique de manera detallada el número de empleos exigidos. La orden del Ministerio de Hacienda no cogió de sorpresa a Finsa, que daba por segura la reclamación. Tampoco supone un enorme trastorno para un grupo que facturó 779 millones en 2014.

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