Hacienda estrecha el cerco con sus inspecciones a Autopistas del Atlántico

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La concesionaria de la AP-9 dice que Sacyr se comprometió en el contrato de compraventa firmado con Citi a “mantener indemne” a la sociedad de las sanciones que se deriven de las actuaciones fiscales de 2007 y 2008

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Audasa, Juan Carlos López Verdejo | EFE

03 de julio de 2014 (21:38 CET)

Autopistas del Atlántico SA (Audasa) siente el aliento de Hacienda en la nuca. La concesionaria de la AP-9 tiene abiertos a inspección fiscal más ejercicios de los cuatro legalmente establecidos. Así lo reconoce y explica en sus cuentas, al tiempo que se protege remitiendo toda responsabilidad derivada de las actuaciones de Hacienda correspondientes a determinados años a la letra pequeña del contrato de compraventa firmado por anterior propietaria, Sacyr, con el fondo norteamericano Citi. Actualmente es Citi quien manda en Audasa a través de Itínere, la sociedad cabecera de sus concesiones en España.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2013 Audasa tenía abiertos a inspección todos los impuestos, que califica de “principales”, que le son aplicables desde enero de 2008 y el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 para el Impuesto de Sociedades. Así consta en su memoria y en su informe de gestión correspondientes a 2013, remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Diferencia de interpretaciones

Todo ello “es consecuencia”, según Audasa, “de las actuaciones de inspección que actualmente se están realizando en Sacyr, anteriormente Sacyr Vallehermoso, sociedad cabecera del grupo fiscal al que pertenecía Autopistas del Atlántico SA hasta el momento en que se produjo el cambio de accionista de control”, pasando a manos de Citi. La operación se anunció en diciembre de 2008.

Los gestores de Audasa admiten que, “como consecuencia, entre otras, de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección”. Sin embargo, los administradores rebajan la amenaza al asegurar que “dichos pasivos no afectarían significativamente a sus cuentas anuales”.

Blindaje contractual

Pero muy claro no lo deben tener cuando los gestores de la concesionaria de la AP-9 se blindan al apelar a la letra pequeña del contrato de compraventa firmado entre Sacyr y Citi. “En relación a las posibles contingencias que se podrían derivar correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008”, advierten, “Sacyr se compromete a mantener indemne a la sociedad (Audasa) en los términos establecidos en el contrato de compromiso de formulación y aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones de Itínere suscrito en noviembre de 2008 entre Sacyr Vallehermoso y Citi Infraestructure Partners LP”. La materialización de dicho acuerdo supuso el cambio de accionista de control de Itínere, matriz de Audasa, en 2009.
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