Hacienda atrapa al Grupo Tojeiro por el Impuesto de Sociedades

La política de provisiones del Grupo Tojeiro permite conocer algunas de las grandes preocupaciones del holding familiar presidido por Roberto José, hijo del fundador. Por ejemplo, los 10,1 millones de euros que tuvo que dotar en las cuentas consolidadas de Gallega de Distribuidores de Alimentación SA (Gadisa) por el quebranto que supuso la aventura accionarial del grupo en Novagalicia. Y esas provisiones también derivan hacia otros quebraderos de cabeza. Los líos que tiene con Hacienda, que le han llevado nada menos que a entablar litigios en la Audiencia Nacional contra decisiones del fisco.

Forestal del Atlántico, participada en un 80% y que consolida en las cuentas de lo que se considera Grupo Gadisa, ha llevado a últimas instancias su batalla con la Inspección de la Agencia Tributaria, después de que el Tribunal Económico Administrativo hubiera tumbado los recursos presentados por la compañía contra actas de inspección levantadas por el fisco. El Impuesto de Sociedades y, en menor medida, el IVA, son los dos focos del conflicto. Las inspecciones, las consiguientes actas y los posteriores recursos se han llevado a cabo durante los últimos años, y los posibles quebrantos figuran provisionados en sus cuentas correspondientes a 2012. En algunos casos los impuestos investigados se remontan al año 2001.

Expediente sancionador

Gadisa recoge en sus cuentas esta situación, y Forestal del Atlántico la detalla en su correspondiente memoria. De hecho, relata que en 2007 la sociedad fue objeto de inspección por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2001. “La inspección tuvo carácter parcial”, dicen los administradores de la compañía, y se extendió a dos conceptos: la revisión del diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios y la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
Ante esta actuación de Hacienda, los administradores de Forestal firmaron actas en disconformidad tanto por el acta de inspección como por el expediente sancionador. Del acta de inspección no se deriva cuota alguna, señalan en la memoria de la compañía, mientras que del expediente sancionador se deriva una multa de 248.293 euros.

En 2010, Forestal del Atlántico, que actualmente está presidida por Roberto José Tojeiro, interpuso una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo por ambos conceptos. Un año más tarde, en 2011, se desestima la reclamación, planteando un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Esta situación repercutió en la matriz, Gadisa, que en sus cuentas consolidadas realizó en 2012 una provisión de más de 700.000 euros por este conflicto.