Guerra entre empleados, Riesgo y Alcoa por el control de Alu Ibérica
El comité de empresa llama a la Policía para poder realizar una asamblea ante la factoría después de haber llevado sus denuncias a la Inspección de Trabajo
Tensión en las inmediaciones de la antigua planta de Alcoa en A Coruña. Los sindicatos han cursado una denuncia ante Inspección de Trabajo por la situación que atraviesa Alu Ibérica y han llevado sus protestas hasta la factoría de A Grela, desencadenando una llamada a la Policía por parte de los nuevos dueños de la empresa, el Grupo Industrial Riesgo.
La compañía ha asegurado que la concentración del comité de empresa era “ilegal” y “no había sido comunicada previamente a la empresa conforme al convenio” y asegura que “ante semejante cúmulo de irregularidades (…) ha tenido la obligación de llamar a la Policía para restablecer la situación y para garantizar la seguridad de los trabajadores que acudían a la planta para desarrollar su trabajo”, aunque desde el comité de empresa aseguran que la llamada a la Policía fue suya para garantizar que se pudiese celebrar la asamblea.
Según el comité de empresa, la compañía había prohibido la entrada y salida de trabajadores que iniciaban o terminaban su turno de trabajo y había impedido el acceso a diferentes representantes de trabajadores.
A vueltas con la reventa
Según los sindicatos, la compañía intentó paralizar la asamblea informativa que el comité de empresa ha mantenido con los trabajadores a la entrada a la fábrica, en la que han protestado por la incertidumbre que rodea al futuro de la empresa, que el verano pasado fue vendida de Alcoa al fondo suizo Parter, que el mes pasado anunció un acuerdo para su reventa al Grupo Industrial Riesgo que ahora Alcoa pide parar.
Y es que la multinacional americana asegura que con esta operación Parter incumple la garantía de permanencia en Alu Ibérica, motivo por el cual ha decidido bloquear también los pagos que había comprometido como ayudas para garantizar la continuidad de las factorías, algo que, según los sindicatos, supone un “incumplimiento de realizar los pagos acordados para mantener la actividad y las garantías laborales”.
El Grupo Industrial Riesgo se desmarca de las críticas de los sindicatos y asegura que está pagando las nóminas al día y que no hay ningún tipo de “colapso productivo”, al tiempo que anuncia que “ha solicitado una auditoría independiente para analizar la gestión de anteriores propietarios de las fábricas con el objetivo de asegurarnos de que la misma se haya llevado a cabo acorde a la buena fe y el respeto de los compromisos”.
