Golpe del Gobierno a Alcoa dos días después de las elecciones
Industria confirma que las plantas de A Coruña y Avilés no tendrán primas eléctricas hasta 2020; las ofertas por A Coruña exigen energía barata desde julio
La continuidad de la actividad en las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés sigue topándose con obstáculos. Las factorías no podrán acudir a la subasta de interrumpibilidad, el sistema que reparte ayudas millonarias a cambio de que los grandes consumidores se desconecten de la red en picos de demanda para asegurar la estabilidad del suministro.
Red Eléctrica advirtió en su momento que las dos plantas de la multinacional, cuyo futuro depende de que aparezca un comprador, no podrían acceder a estas ayudas al haber renunciado a las del último reparto. El Gobierno lo negó en primera instancia, pero este martes, dos días después de las elecciones, reconoció que no participarán.
Que estas factorías se queden al margen del reparto de primas implica que, si un inversor las adquiere, tendrá que operar sin las ayudas hasta al menos enero de 2020. Es una de las partidas más importantes, junto a las compensaciones por CO2, para que las empresas puedan aliviar unos costes energéticos más elevados que en países como Francia o Alemania.
Impacto en Ferroatlántica y en Lugo
La convocatoria publicada en el BOE un día después de las municipales y autonómicas consuma una nueva reducción, la tercera consecutiva, en la remuneración del servicio. A eso apunta al menos el menor número de bloques de mayor tamaño, los mejor remunerados, y el menor precio de salida.
La última subasta, celebrada el pasado diciembre, se cerró con una reducción del 40% en las primas otorgadas a la industria y provocó que Ferroatlántica planteara un ERE en toda España. Alcoa, que concurrirá con la planta de Lugo, ya alertó de que la convocatoria supone una “decepción” para las empresas y que el actual escenario hace inviable la producción de aluminio primario en España, actividad que solo se realiza en su factoría de San Cibrao.
Las ayudas siguen en el aire
El planteamiento de la subasta de interrumpibilidad ha desconcertado a la Xunta, a los trabajadores y a la propia multinacional. El Gobierno había anunciado su intención de elevar las ayudas por costes indirectos de CO2 como una de las medidas clave para evitar la deslocalización de empresas y encontrar inversor para las factorías de A Coruña y Avilés. Sin embargo, la primera medida que sale adelante es un recorte en los incentivos.
El Ejecutivo anunció que la partida por CO2 se elevaría de los 90 a los 200 millones, lo que sería un gran revulsivo para la industria, pero es una medida que depende de la disponibilidad presupuestaria y que el Gobierno todavía no ha puesto en marcha.
Tampoco ha llegado el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, otro paquete de ayudas específicamente destinado a rebajar los costes eléctricos de los grandes consumidores. El Gobierno aseguró primero que estaría antes de las elecciones generales y después que llegaría a tiempo para el 30 de junio, fecha en la que vence el plazo marcado por Alcoa para encontrar comprador y evitar la ejecución del ERE. En la reunión de la mesa técnica de este martes no quedó claro si se iba a poder activar a tiempo el paquete de ayudas, según las fuentes consultadas.
La planta de A Coruña, en manos de la tarifa eléctrica
La “decepción” respecto a la subasta eléctrica y la “incertidumbre” respecto al resto de ayudas se produce en pleno proceso de venta de las plantas de A Coruña y Avilés, en las que se han interesado seis grupos industriales. Según avanzó La Nueva España, se trata de Aludium, Quantum, Liberty, Cunext, Riesgo y Glencore, que deben presentar una oferta vinculante en los próximos días, pues la fecha de referencia es el 31 de este mes.
Hasta ahora han presentado ofertas no vinculantes. Todas las que pujan por la planta de A Coruña condicionan la compra a que el Gobierno abarate la energía a partir de julio, según las fuentes consultadas. La pretensión de los inversores es tener unos precios eléctricos similares a los de los competidores europeos, por lo que el Ejecutivo estaría obligado a poner en marcha el Estatuto Electrointensivo y otro tipo de ayudas, como las de CO2, antes de esa fecha.
Alcoa ha puesto como condición para la venta la preservación del empleo y la puesta en marcha de un proyecto industrial viable, lo que no conlleva necesariamente que se desarrolle la misma actividad o que se vuelvan a arrancar las series de electrolisis.
