Galicia es la única comunidad de España que limita las ayudas a la industria forestal

Desde que la patronal de la madera salió de las mesas de negociación de la Xunta al considerarlas una pérdida de tiempo en las que nada se conseguía, la opinión de la industria forestal sobre la gestión del gobierno gallego no ha mejorado demasiado. Las reivindicaciones son las mismas porque, a su juicio, no se detectan avances. 

Así se puso de manifiesto en el encuentro de aserraderos y rematantes organizado por la patronal Fearmaga en Ponteareas, al que acudieron cerca de 200 empresas y trabajadores. Elier Ojea, presidente de Fearmaga y Confemadera, mostró su desasosiego por la actitud de la Xunta, pues considera que se «discrimina» al sector mientras Medio Rural persiste en la inacción respecto a reivindicaciones que llevan mucho tiempo sobre la mesa, como la proliferación de normativas municipales que gravan las cortas de madera.

Las ayudas excluyentes

El último ejemplo de la desatención de la Xunta, a juicio de Fearmaga, es el primer tramo de ayudas procedentes de fondos europeos y correspondientes al Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. La Consellería hizo pública la convocatoria de subvenciones el 30 de diciembre, dirigidas a la modernización de pequeñas y medianas empresas de aserrío (aserraderos).

La orden de ayudas, sin embargo, establece unas condiciones que dejan fuera a la mayoría de aserraderos de Galicia, por ejemplo, al poner límites a las descargas de camiones por empresa y día, según expone la patronal.

Estas exigencias que pide la Xunta para acceder a las ayudas convierten a Galicia en la única comunidad española que pone límites en el acceso a este tipo de subvenciones. País Vasco, Navarra o Asturias, que tramitan o ya han adjudicado las ayudas, no pusieron condiciones a las empresas para que se pudieran presentar. Junto a Galicia, son los tres territorios con mayor actividad de aserraderos, aunque la comunidad gallega es la predominante al acaparar el 43% de la producción española.

La eterna batalla del PDR

Ojea expuso la «enorme preocupación» de las industrias, que tenían «esperanzas» de «modernizarse» gracias al nuevo PDR, ya que Galicia puede recibir más de 890 millones de euros y las empresas de la madera podrían ser beneficiarias de 40 millones.

Por primera vez, propietarios y empresas consensuaron las necesidades forestales, que fueron trasladadas por escrito a la Consellería, con el objetivo de que se tuviesen en cuenta en el diseño del Plan de Desarrolo Rural. Sin embargo, la consellería renunció a atender al sector y recibió un serio rapapolvo de Bruselas, que exige que las medidas estén consensuadas. Esta batalla fue una de las claves de la ruptura de la patronal de la madera con la Xunta.

Ahora, la conselleira Ángeles Vázquez se comprometió con el sector a sacar una orden de ayudas con fondos propios y a promover un cambio en el PDR gallego en los apartados de los que se derivan estas limitaciones. La próxima semana, los días 22 y 23 de febrero viaja a Bruselas para cumplir su compromiso. Esta reunión es «clave para nuestras empresas y esperamos que se puedan cumplir las promesas», subrayó Ojea en un claro mensaje a la conselleira. 

El drama burocrático

Benito García, presidente de la asociación de A Coruña, expuso la «farragosa» situación ante la ingente cantidad de legislación que afecta al sector, con más de 15 administraciones diferentes «con un procedimiento diferente, un papel distinto, plazos de respuesta diversos y tasas y avales que hacen inviable la actividad de pequeñas y medianas empresas».  También es este un problema antiguo de la industria forestal, que lleva años reclamando que se ponga coto a la proliferación de ordenanzas. 

Benito García instó a Medio Rural a que medie «ante la indefensión legislativa con los concellos» y cumpla el compromiso de organizar una reunión con la Fegamp. El objetivo es consensuar un modelo tipo de ordenanzas forestales para los concellos en base a la actual legislación.