Finsa reclama 3,2 millones a la Xunta por frustrar su negocio de combustibles en Vilagarcía

Grandes depósitos de combustible en el muelle de Ferrazo, en el puerto de Vilagarcía, en plena Ría de Arousa. Esas son las polémicas instalaciones que desarrolló la primera maderera gallega, Finsa, al amparo de la autorización concedida por la Xunta gobernada por Manuel Fraga, que en resoluciones de la Consellería de Industria en el año 2.000 dio el visto bueno al proyecto.

Los tanques de hidrocarburantes pertenecen a la filial química de la compañía, Foresa, que ha visto como dos sentencias, la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2006 y la del Supremo en 2009, anulaban la autorización y frenaban la actividad para la que fue concebido el complejo.

Adiós a la actividad

Entendieron los tribunales que los permisos para los depósitos se habían tramitado sin los necesarios estudios de impacto ambiental, atendiendo así el recurso presentado por la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa. El colectivo temía el impacto que pudiera ocasionar un vertido en la ría y en la zona de marisqueo junto a la que se asentaban los almacenes de productos químicos y petrolíferos.

Esos son los antecedentes de una disputa que ha enfrentado a Xunta y Finsa en los tribunales. La compañía con sede central en Santiago presentó una reclamación millonaria vía contencioso administrativo contra el Gobierno gallego por la pifia en la tramitación de la licencia.

Pérdida de contratos con Repsol y Galp

Dicha reclamación asciende a 3,2 millones de euros, la cuantía que correspondería al lucro cesante de la empresa. Foresa había suscrito contratos con Repsol y Galp, pero no pudo dar servicio a las petroleras al anular el Supremo su autorización para operar. En consecuencia, la empresa reclama daños y perjuicios por el periodo que no pudo prestar servicio, entre abril de 2009 y abril de 2012.

Entiende Finsa que cumplió con los trámites que le exigió la Xunta y, sin embargo, su licencia para operar fue anulada causándole un perjuicio económico. Sumados los gastos de tramitación de los procedimientos para obtener las autorizaciones, los de defensa jurídica, los abonados en concepto de asesoramiento y comunicación a la opinión pública y las costas, la factura para el Gobierno gallego ascendería a 3,8 millones.

La primera batalla la gana la Xunta

Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sentencia del 28 de octubre de este año, ha tumbado la reclamación de la empresa, que estudia ahora la posiblidad de presentar recurso de casación. La Sala entiende que no existió carácter «antijurídico» en el daño ocasionado a Finsa, pues vino derivado de dos sentencias judiciales; y tampoco considera una «negligencia» de la Xunta, como la calificó la maderera, el otorgamiento de la autorización para operar, sino justificada conforme a la normativa entonces vigente.

El tribunal tampoco considera probable la indemnización que pide Finsa. «Por cuanto no iniciaron su actividad, resulta obvia la inexistencia de unos balances de su situación o de cuentas de explotación, que permitan el diagnóstico de cuestiones como evolución de la cifra de ventas o prestación de servicios, evolución de su margen bruto así como evolución de los gastos de estructura y financiación en ejercicios iniciales y futuros», argumenta el TSXG.