Finsa devuelve 7,5 millones de las “vacaciones fiscales” vascas cobradas por una filial

Financiera Maderera (Finsa) ha dado por concluida su aventura en el País Vasco, procediendo a la devolución de hasta 7,5 millones de euros recibidos en concepto de incentivos al amparo de las “vacaciones fiscales” que Bruselas declaró contrarias de derecho. El grupo maderero compostelano, uno de los líderes nacionales del sector, había obtenido esas ayudas en la década de los noventa a través de Industria de Maderas Aglomeradas (Inama), filial al 100% de la compañía compostelana que está ubicada en la localidad de Muxika (Vizcaya) y que llevaba un año y medio en concurso de acreedores.

La multinacional dio la semana pasada el último paso en el via crucis que había sufrido en los últimos años en Vizcaya. Las juntas generales de accionistas de Finsa e Inama celebradas el pasado viernes aprobaron la absorción de la filial por la matriz, lo que, según la propia compañía, “implica la extinción y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida (Inama), y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente (Finsa) que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de aquella”. El proyecto de absorción había sido aprobado por los consejos de ambas compañías el pasado 18 de junio. José Carballo García, por Finsa, y Francisco Roca, por Inama, acordaron inscribir en el Registro Mercantil de A Coruña la operación, que no dejaría de ser una absorción normal de una filial por una matriz si no fuera por la deriva que tomó la actividad de Inama en los últimos años.

Vacaciones fiscales

Como paso previo a la absorción de Inama por parte de Finsa, el grupo gallego procedió a articular una serie de pasos claves durante estos meses, entre ellos la devolución de hasta 7,5 millones de euros que tuvieron que ser abonados a la Hacienda Foral de Vizcaya, que desde noviembre de 2011 reclamada el reintegro de esas ayudas, concedidas al amparo de las denominadas “vacaciones fiscales” vascas, un sistema de exención de impuestos que la Unión Europea declaró ilegales. Finsa fue una de las últimas empresas en reintegrar el importe de las ayudas.

Y es que Inama se encontraba desde hace un año y medio en concurso de acreedores, presentado en el Juzgado de lo Mercantil número uno de Bilbao. El titular de dicho juzgado nombró a dos administradores concursales para la filial de Finsa, entre ellos un representante del BBVA. Tras un año en concurso, la administración de Justicia señaló el 25 de abril como fecha para la junta de acreedores.

Fin del proceso

Finsa procedió entonces a hacerse cargo de las principales deudas de Inama, como fueron los 7,5 millones reintegrados a la Hacienda de Vizcaya y otros 3,5 millones que debía a diferentes proveedores, entre los que se encontraban maderistas y suministradores de servicios. La planta de Inama, con un ERE de extinción para su plantilla (un total de 107 empleados, algunos recolocados después en otras plantas del grupo), llevaba parada desde marzo de 2012, cuando el Gobierno vasco decidió no renovarle la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la fábrica de Muxika.

La Hacienda Foral de Vizcaya llegó a decretar el embargo por el importe de las ayudas (esos 7,5 millones) a Inama en noviembre de 2011. Finalmente, el grupo maderero compostelano ha abonado el importe antes de proceder a levantar el concurso, que ya se ha dado por concluido, y absorber la filial, en un proceso que ha llevado año y medio y que culminó el pasado viernes.

Las “vacaciones fiscales” vascas, declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la UE, es el nombre con el que se conocía a una serie de ayudas concedidas por las tres diputaciones forales a las empresas nuevas de esta comunidad en los años 90. En 1993, el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, acordó con las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Gipúzcoa unas medidas de incentivo económico que eximían del Impuesto sobre Sociedades durante los primeros diez años de vida a las empresas que se constituyeran en el País Vasco en el periodo 1993-1994, lo que fue denominado como unas “vacaciones fiscales”. Navarra aprobó una exención similar en noviembre de 1993.