Fernández de Sousa reaparece para acusar ante el juez Ruz a todo el consejo de Pescanova

Hacía meses que Manuel Fernández de Sousa, el ex presidente de Pescanova y para muchos uno de los principales responsables de la debacle de la empresa, se mantenía en silencio. Imputado por la Audiencia Nacional por varios delitos tales como el falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante apenas había noticias de él desde que el contundente informe forensic de KPMG que lo alejó de la presidencia de la multinacional, más allá de las novedades que se iban derivando del proceso judicial en el que está inmerso.

Pero, después de que el grupo que presidió durante más de veinte años esquivase la semana pasada al fantasma de la liquidación y después de que el presidente de Damm, Demetrio Carceller, perdiese su oportunidad para tomar las riendas de la empresa y quedase, casi virtualmente fuera de ella, el empresario pontevedrés ha reaparecido. Y lo ha hecho mediante un escrito remitido al juez Pablo Ruz en el que asegura que todo el consejo de administración de su etapa al frente de Pescanova era conocedor “de las tensiones de tesorería de la empresa”. Un documento que será aprovechado, sin ir más lejos, por los minoritarios personados en la acusación, que pedirán, de nuevo, que se impute a toda la anterior cúpula de la firma con sede en Pontevedra. Así por lo menos lo asegura el abogado Joaquín Yvancos.

El consejo barajó ampliar capital

En el documento remitido a la Audiencia Nacional, De Sousa informa de contenido de las actas de los consejos de administración celebrados a finales de 2011 en los que se afirma que “en el pasivo crece el endeudamiento para financiar circulante”. También indica que ya en el consejo del 30 de noviembre de 2011 se barajó la posibilidad de una ampliación de capital en la empresa que “tendría como ventaja aumentar el free float y reforzar el balance”.

De este modo, De Sousa va desgranando poco a poco ejemplos que, a su juicio, revelan el conocimiento que todos los consejeros de la anterior etapa de la pesquera tenían del funcionamiento de la misma. Ahí estaban ya el hermano del presidente de Damm, José Carceller, así como Yago Méndez en calidad de consejero independiente o el fondo luxemburgués Luxempart. Según el escrito, en el consejo del 28 de diciembre de 2011 se acordó por unanimidad la convocatoria de junta general extraordinaria para someter a los socios la autorización de emisión de obligaciones o bonos convertibles. En el siguiente cónclave, el 24 de febrero de 2012, los consejeros comentaron la colocación de la emisión y el destino del dinero obtenido, “señalándose de que los 160 millones de euros de la emisión, 60 se destinaron a recompra y el resto, 100 millones fueron caja para la empresa”.

También contra BDO

En el escrito remitido a Ruz, Fernández de Sousa se pregunta: “¿Cómo puede decirse que los consejeros no eran conscientes de las necesidades de circulante, si las actas recogen un constante seguimiento de esta cuestión?”.

En anteriores declaraciones, Fernández de Sousa había asegurado que los bancos acreedores eran conocedores de la situación de Pescanova y consentían y fomentaban el sistema de financiación irregular del grupo a través de líneas de factoring, sin embargo, en esta ocasión ha sido especialmente contundente con sus compañeros en el consejo de administración. En relación a la contabilidad y a los estados financieros, el escrito señala que “hay que partir del hecho, ya inocultable, de que el auditor externo de Pescanova, BDO, así como su socio auditor, Santiago Sañé, conocían y avalaban todas las prácticas contables realizadas por la empresa”.

“Los auditores realizaron un profundo trabajo y tenían un conocimiento detallado de la contabilidad de Pescanova, fruto de su activa presencia y labor en la empresa”, explica el documento.

¿Venganza?

El abogado de parte de los minoritarios de Pescanova, Joaquín Yvancos, asegura que el documento aparece precisamente cuando Carceller y Luxempart han sido ‘derrotados’ al no lograr sacar adelante su convenio de acreedores para reflotar la empresa, que ha quedado en manos de la banca. “Parece que este documento ha salido casi como venganza en este momento”, opina. Insiste en que, de nuevo, volverá a solicitar la imputación de toda la anterior cúpula de la empresa en el juicio que investiga las causas de la quiebra de la multinacional con sede en Chapela.