Extrabajadores de la Fábrica de Armas llevan a la Fiscalía irregularidades de Hércules de Armamento

La próxima semana presentarán con el sindicato UGT un escrito para instar al órgano judicial a investigar la comisión de varios presuntos delitos

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Nuevo frente judicial para la empresa que preside Ramón Mejuto. El sindicato UGT y los miembros del antiguo comité de empresa de la Fábrica de Armas de A Coruña instarán a la Fiscalía a que investigue a la concesionaria de las instalaciones, Hércules de Armamento, por posibles delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y prevaricación.

Los antiguos trabajadores de la factoría titularidad del Ministerio de Defensa dan con ello un paso más en su lucha por desvelar las irregularidades en las que presuntamente incurrió la dirección, pero quizá estén dando con ello el golpe de gracia a un proyecto que nunca llegó a remontar el vuelo.

El trabajo no da

Según confirmaron fuentes sindicales a Economía Digital, prácticamente la totalidad de la plantilla de Hércules de Armamento ha denunciado a la empresa por impagos que, en algunos de los casos, llegan a ser de siete mensualidades. Varios trabajadores han optado por abandonar la empresa para dejar de perder dinero o, simplemente, para cambiar de aires ante ofertas más tentadoras. Las deudas, mientras tanto, siguen en aumento.

Como reconocen los trabajadores, lo que no ha aumentado es la carga de trabajo, que «no da para toda la plantilla». Una parte del personal contratado dedica las pocas horas de que consta su jornada (las hay de menos de cuatro) a formación, mientras el resto espera porque lleguen nuevos contratos, o el desembarco del ya famoso inversor.

Tal vez su última esperanza pase por recuperar la autorización para fabricar armas, suspendida temporalmente por Defensa después de que las instalaciones quedasen sin seguridad. El pasado mes de marzo, la dirección comunicó al Comité de Seguimiento que habían contratado a una nueva empresa para hacerse cargo de las labores de vigilancia, Alcor, no exenta de polémicas.

Requisito fundamental

El problema estaba en que la anterior firma de seguridad, Seguribérica, a la que Hércules de Armamento adeuda más de medio millón de euros, tenía derecho a subrogar a los trabjadores. Y así lo hizo el pasado 11 de abril. Desde entonces, y hasta el próximo 2 de mayo, los empleados subrogados –diez en activo y uno prejubilado– están oficialmente «de vacaciones».

Ya han recogido sus uniformes y empezarán a trabajar a su regreso pero, en principio, sin armas. Esta circunstancia, que parece no tener mayor trascendencia, hace prácticamente imposible que la empresa recupere la autorización del Ministerio, ya que es requisito fundamental que la vigilancia de las instalaciones se realice con personal armado.

Incertidumbre

Los trabajadores subrogados temen que su nueva empresa no pueda hacer frente a sus nóminas. El gerente de Alcor, Carlos Somoza, les traslado en una reunión que mantuvieron en un hotel de la ciudad, que la dirección de Hércules de Armamento había firmado con la compañía un aval que cubría los dos primeros meses de servicio. A partir del tercero, según comentaron algunos de los asistentes, el propio Somoza reconocíó que la salida a esa situación sería la presentación del concurso de acreedores.

A la vista de las deudas que acumula la empresa dirigida por Ramón Mejuto, tanto con sus trabajadores, como con las administraciones públicas –Hacienda y Seguridad Social–, como con la anterior firma de seguridad, todo parece indicar que a los trabajadores de Alcor también les va a tocar ponerse a la cola para cobrar.

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