Ence anuncia un ERE en pleno debate sobre su futuro

Ence quiere aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 144 personas en sus plantas de Pontevedra, Asturias y Andalucía. El anuncio ha sido un mazazo para la plantilla gallega, en un momento en el que “hay cada vez más posibilidades” de que la empresa pueda mantenerse en la ría pontevedresa más allá de 2018 –la fecha en la que expira su concesión– en virtud de la reforma de la Ley de Costas aprobada en Madrid.

La plantilla de Ence en Pontevedra está formada por unas 250 personas. Desde el comité de empresa recuerdan como “hace años”, cuando se generaba un tercio de la producción actual, “había más de 600 personas”. De momento, no saben en qué medida les afectarán los 144 despidos proyectados. El próximo jueves comenzará en Madrid las negociaciones de un ERE que la empresa justifica debido a las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno.

Varapalo a las energías renovables

Ence asegura que “esta fuerte reestructuración laboral” tiene como objetivo “mantener la competitividad en los mercados internacionales” tras los cambios legislativos aprobados en febrero por el Consejo de Ministros. “Estos cambios introducen duras e inesperadas medidas en la retribución de las energías renovables”, afirma la empresa.

Los representantes de los trabajadores tienen una visión distinta. Aluden a los buenos resultados que el grupo está consiguiendo con la pasta de papel, así como su apertura a nuevos mercados, y creen que el expediente tiene “más que ver” con la negociación del convenio colectivo.

Convenio colectivo

“Nuestro convenio expiró en diciembre. La dirección propuso que, en esta ocasión, el convenio se negociase de forma conjunta en todos los centros de España. Hace un tiempo ya nos indicaron que, según los términos en los que se realizase la negociación, podrían estar en riesgo unos 150 puestos de trabajo”, comenta Jesús Graña, presidente del comité de empresa en Pontevedra.

El anuncio de este expediente de regulación viene justo en un momento en el que, semeja, que el viento sopla a favor de Ence para permanecer en Galicia más allá de 2018.

Beneficio neto de 43 millones

El año pasado, el grupo pastero obtuvo un beneficio neto de 43 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al ejercicio precedente, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El beneficio bruto de explotación del grupo (antes de impuestos) se situó en 175,8 millones, un 15% más que en 2011 gracias a los mayores volúmenes de celulosa y electricidad vendidos.

Pero además, esta misma semana, la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso, aprobó la nueva Ley de Costas. La nueva normativa relaja la protección del litoral decretada en 1988 e introduce una enmienda que da potestad al Gobierno para prorrogar concesiones industriales en dominio público, incluso a pesar de los informes ambientales negativos.

Críticas a la Ley de Costas

En Galicia, los grupos de la oposición –PSOE, AGE y BNG– criticaron duramente la medida, al entender que “da carta blanca” a Ence para mantenerse en Lourizán más allá de 2018, una posibilidad que siempre fue muy criticada, sobre todo por colectivos vecinales y ecologistas. Ante las críticas, la Xunta ha reiterado que la Ley de Costas establece claramente que “no habrá prórroga automática para las ocupaciones industriales en el litoral, como es el caso de Ence”.

Ence cuenta con muchos detractores en Galicia, pero también con otros tantos sectores que apoyan su permanencia, en especial, el de la madera.

La importancia de Ence

El año pasado en Galicia se produjeron ocho millones de metros cúbicos de madera, de los cuales cuatro eran de eucalipto. Ence Pontevedra y Navia (la planta de Asturias) consumieron el 50% de toda esa producción. “Si la Ley de Costas sirve para mantener a Ence habría que ponerlo en valor, sobre todo en los tiempos que corren. Su marcha sería un golpe muy importante para un sector que ha perdido 6.600 puestos de trabajo directos desde que comenzó la crisis”, explica Elier Ojea, el presidente de Confemadera –agrupación de asociaciones y empresas del sector–.

“Ellos ya han indicado que cambiar su posición dentro de Galicia tendría un coste inasumible, por lo que más probable es que se marchase y eso sería un golpe muy duro, sobre todo en este momento”, reflexiona.