Ence abraza a Feijóo y litiga con Rajoy
Mientras la Xunta y el PP gallego cambian su postura y apoyan la pervivencia de la pastera en Pontevedra, la compañía reclama al Gobierno central, al menos, 52 millones, por los cambios regulatorios en el sector energético
Tras meses de desencuentros, la campaña electoral ha acabado por unir a la Xunta de Galicia y a Ence. El PP, y el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, han variado su posición con respecto a la pastera y a su pervivencia en la ría de Pontevedra más allá de 2018, fecha en la que caduca su concesión. Pero, si las relaciones entre la compañía de Juan Luis Arregui y el Ejecutivo autonómico semejan viento en popa, la situación no es la misma con la administración central.
Mientras que en Galicia, Feijóo declara públicamente que exigir la salida de Ence de la ría conllevaría el cierre de la factoría y el fin de la industria transformadora de papel, en Madrid, la compañía mantiene un litigio en los tribunales contra el Gobierno de Mariano Rajoy a causa de los cambios regulatorios impulsados por el Ministerio de Industria, que pusieron patas arriba el sector energético.
Una reclamación que crece
La compañía recuerda en su memoria anual, presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en julio del pasado año, tanto la matriz del grupo en España como varias filiales ejercitaron una «acción de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado». La empresa solicita el reconocimiento de unos daños que ascienden a 52 millones causados «por la aplicación de efectos retroactivos del citado bloque normativo a la producción de energía con biomasa procedente de cultivos energéticos».
La cifra puede aumentar. «Dicha reclamación se plantea como abierta y a ella se irán añadiendo los costes en los que las distintas sociedades del grupo incurrirán en el proceso de desmantelamiento y resolución de contratos de fincas disponibles para cultivos energéticos».
Además, también en julio del pasado año, Ence impugnó ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que regulaba el sistema de primas a las energías renovables, a la vez que otras muchas firmas del sector.
La prórroga, paralizada en el Ministerio
A la vista de esta situación, semeja que Ence tiene, ahora mismo, más que negociar con el Gobierno central que con la Xunta. La posibilidad de aumentar el período de concesión de la pastera hasta un máximo de 75 años más pasa no sólo por el dictamen de la Xunta sino, en primera instancia, por lo que determine el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
En la actualidad, y en base a una sentencia del Supremo emitida el verano pasado, el ministerio tiene que realizar un expediente acerca de la caducidad de Ence en Lourizán. La compañía indica en su memoria que ya ha realizado dos alegaciones en las que manifesta que «no existen causas legales para decretar la caducidad».
Mientras Costas tramita el expediente de caducidad de la concesión actual, la solicitud de prórroga de Ence se mantiene paralizada.
El expediente debe analizar la situación de los terrenos de la industria y si en estos se levantaron infraestructuras que excedían la concesión.
