Empresas del sector llevarán a la Xunta a los tribunales por la Ley Eólica

La revocación de la anulación del concurso eólico desarrollado durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –en una sentencia del 24 de julio– ha sido el primer episodio de una contienda legal que puede acabar en la anulación de la Ley Eólica de la Xunta, base jurídica del concurso actual puesto en marcha por la Consellería de Industria.

Algunas de las empresas adjudicatarias del concurso del bipartito, según ha podido saber Economía Digital, han abierto una vía judicial para llevar el texto hasta el Tribunal Constitucional.

En concreto, fuentes de las compañías han reconocido que preparan una demanda contencioso-administrativa que incluirá una cuestión de inconstitucionalidad y que presentarán en “cuanto tengamos a nuestra disposición la documentación necesaria”, ante el TSXG, órgano que podría elevar la petición de inconstitucionalidad hasta el Tribunal Superior de Justicia.

“Nos basamos en la ejecución del desistimiento para abrir, indirectamente, una cuestión de inconstitucionalidad”, explica el jurista responsable de una de las causas.

Desistimiento

Uno de los puntos clave en las demandas de las compañías, según indican, será el desistimiento, proceso recogido en la Ley Eólica de Galicia en virtud del cual quedaron suspendidas las concesiones del reparto eólico del bipartito.

Este proceso tenía como objetivo, según indicó la Xunta en 2009, “evitar una situación consolidada” de las adjudicaciones, que se produce una vez finalizado el proceso de tramitación correspondiente.

La Consellería de Industria, con el conselleiro Javier Guerra a la cabeza, argumentó entonces que el concurso era “ilegal” y que, por tanto, era necesario “evitar la consolidación de una situación ilegal”. Frenó el periodo normal de tramitación y, posteriormente, anuló todas las concesiones del reparto del bipartito.

Ahora, las empresas afectadas se basan en el fallo del TSXG, que revocó esta suspensión, para interpretar que la Xunta pudo incurrir en una supuesta inconstitucionalidad en la ejecución de la ley. “La suspensión es ilegal, por tanto, el desistimiento es supuestamente inconstitucional. La Constitución impide que la ley pueda tener carácter retroactivo sobre procesos consolidados en el anterior marco normativo”, explicó a Economía Digital el departamento jurídico de una de las empresas.

Inseguridad creciente

Mientras todo esto pasa, las empresas adjudicatarias del nuevo concurso se mantienen inmóviles, atenazadas por un escenario de “creciente inseguridad jurídica”. También ha salido de escena el conselleiro de Industria Javier Guerra, que no se ha personado en acto alguno desde que se hizo pública la sentencia del TSXG que anulaba la suspensión del concurso eólico del Gobierno de Emilio Pérez Touriño.

Ha sido su departamento y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, quienes han asegurado que el concurso actual no se veía afectado por la sentencia. “El nuevo concurso sigue mientras exista la ley –-indican fuentes de las empresas–, pero la ley está recurrida. El Tribunal Superior de Galicia puede elevar una petición de inconstitucionalidad al TC y si se declara inconstitucional la ley el actual concurso quedará anulado. Es un proceso que se puede prolongar muchos meses”.

Daños y perjuicios

Antes de esto, la Xunta tendrá que lidiar con un problema más inmediato. Según informan algunas de las compañías afectadas por la anulación del reparto eólico del bipartito, las empresas reclamarán daños y perjuicios por la suspensión de su adjudicación.

Se oponen así al discurso de la consellería de Industria, que ha mantenido durante estos días que las compensaciones económicas están reguladas por la Ley Eólica de Galicia y que se limitan al reintegro de los gastos ocasionados.