El via crucis de las empresas gallegas

Pasados ya de largo los primeros cuatro meses del año, muchas de las principales empresas de Galicia siguen tratando de resolver los mismos problemas que los atenazaban a principio de 2014, aunque con algunas novedades. Mientras que Pescanova lucha por su futuro, la nueva Novagalicia de Banesco debe tratar de cumplir su promesa y solucionar el conflicto con los preferentistas con el visto bueno de Bruselas. La plantilla de Navantia en Ferrol sigue en busca de carga de trabajo tras el parche que ha supuesto el flotel de Pemex.

Estos son algunos de los principales retos que tienen todavía que superar los grandes grupos gallegos:

1. Pescanova: Si a principio de año parecía que el acuerdo entre la banca acreedora y Damm fructificaría con la aprobación del convenio, la realidad ahora es bien distinta. Ante la falta de acuerdo, la empresa enfila la liquidación y el juez ha ampliado hasta el 29 de abril el plazo para que el proyecto de Carceller y Luxempart sume adhesiones. Mientras tanto, las entidades apuestan por su propio plan, que pasa por hacerse con las riendas de la pesquera, una vez esta se liquide, con la ayuda de un socio industrial gallego.

2. Novagalicia: Aunque a finales de año la entidad gallega fue adjudicada a Banesco, la compra efectiva todavía no se ha realizado. El banco venezolano ha de abonar un primer pago de 313 millones, que se espera se cierre en mayo. Juan Carlos Escotet, el dueño de Banesco, ya ha renovado la cúpula de la entidad gallega y uno de los frentes que quedan pendientes es dar una solución a los preferentistas. El banco ya ha presentado un plan ante el FROB, pero este debe pasar necesariamente por un acuerdo entre el organismo público y Bruselas, que financió el rescate de NCG.

3. San José: La primera constructora de Galicia, presidida por el pontevedrés Jacinto Rey, no pasa por su mejor momento. Aunque continúa consiguiendo contratos en el extranjero, es la negociación para refinanciar su deuda millonaria con un sindicato bancario lo que preocupa. Su recuperación pasa por cerrar un acuerdo para refinanciar 1.394 millones. La banca estudia ya las modificaciones abiertas por la ley concursal y que permiten la transformación de deuda en capital. Esa es una de las opciones que se barajan, aunque también la de canjear activos.

4. Sargadelos: El pasivo que atenaza a las históricas fábricas de cerámica es mayor del que se creía a principios de año. Este abril, el titular del Juzgado de os Mercantil número 2 de A Coruña declaró el concurso voluntario con una deuda que supera los siete millones de euros. Los principales acreedores con Novagalicia, BBVA, Caixabank y la propia Xunta de Galicia, además de los 70 trabajadores que sufrieron el ERE en diciembre.

5. Navantia: A los astilleros de Fene y de Ferrol no les es suficiente el flotel encargado por Pemex para poder salir adelante. La plantilla insta a la dirección a traer nuevos contratos, así como a poner en marcha el dique flotante, atascado en Bruselas. De salir adelante el quinto gasero de Gas Natural, con toda probabilidad, el grupo irá a parar a los astilleros públicos de Cádiz.

6. Eólico: La Xunta batalla para poder reflotar el concurso eólico, pero juega contra corriente. La Consellería de Economía ha anunciado nuevas medidas para abaratar su puesta en marcha pero también es cierto que un informe de la Comisión Nacional de la Competencia revela que no se contempla la instalación de un megavatio más en renovables hasta 2018.

7. Deportivo: El club de fútbol coruñés ya ha llegado a un acuerdo con Hacienda que, entre otros puntos, pasa por activar una ampliación de capital de seis millones de euros. No obstante, falta todavía el acuerdo entre la banca acreedora, Novagalicia y el Sabadell-Gallego. Otro de los puntos calientes es el pleito que mantiene con la Agencia Tributaria por 21 millones. Los demandantes quieren reclasificar esa deuda como privilegiada, es decir, que no estaría sujeta a quita en el convenio.

8. Ence: El futuro de la pastera mantiene en vilo tanto a los defensores como a los contrarios de la pervivencia de la factoría en la ría de Pontevedra. La intención del grupo papelero es ampararse en la nueva Ley de Costas para pedir una prórroga que puede llegar a los 75 años más. El Gobierno, no obstante, indica que sólo cuando esté en vigor este reglamento se iniciará la tramitación de la solicitud de la compañía.