El tesorero de la patronal, un ex de Villar Mir en la mina de Serrabal

El ahora cuestionado Roberto Almuiña, que lleva los números de la CEG , fue director general de Cuarzos Industriales y apoderado de Ramsa

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En un sorprendente acuerdo, el Comité Ejecutivo de la maltrecha Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) decidió la semana pasada de forma unánime proclamar  su «total y absoluta confianza» en el actual tesorero de la organización. Roberto Almuiña Díaz, el hombre de los números, seguirá pues en el cargo hasta la celebración de elecciones, previstas para septiembre. Solo hicieron falta unos días para que su papel en la institución saltase de la esfera interna: los empresarios de Pontevedra deciden apartase de la patronal por su falta de transparencia en la gestión económica. Almuiña, por acción u omisión, está en el centro de una nueva ruptura en la CEG. En su caso, bastó una misiva a los vicepresidentes advirtiéndoles que solo firmaría los pagos de las nóminas y gastos comunes del funcionamiento de la patronal para poner en alerta a los empresarios pontevedreses.

¿Y quién es el tesorero de la patronal gallega, ahora foco de todas las miradas? Pues todo un ejecutivo que ha sido partícipe y testigo de algunas de las operaciones más rocambolescas que se recuerdan en el ámbito empresarial gallego. Hasta inicios de 2017, cuando deja sus cargos en el grupo, Roberto Almuiña era uno de los hombres fuertes en Galicia del controvertido empresario Juan Miguel Villar Mir.

Un ejecutivo de Villar Mir

Almuiña ocupó cargos relevantes de gestión en dos polémicas empresas del exministro franquista, también propietario hasta hace nada de Ferroatlántica. Se trata de Cuarzos Industriales y Rocas, Arcillas y Minerales (Ramsa). El actual tesorero de la patronal, que llegó al cargo con Antón Arias, ocupó previamente la dirección general de Cuarzos Industriales durante más de treinta años. Habida llegado al puesto en octubre de 1983.

Tanto de Cuarzos Industriales como de Ramsa, que abandonó a la vez, Almuiña fue apoderado y administrador mancomunado solidario. Cuando llegó a la patronal ya conocía el entorno del mundo asociativo. De hecho, pertenece a la directiva de la Asociación Gallega de Áridos en calidad de secretario.

La guerra de la mina de Serrabal

¿Y qué se entiende por una operación rocambolesca? Pues sin duda la protagonizada por Villar Mir a través de sus empresas para reclamar un multimillonario lucro cesante por el paso del AVE por la mina de Serrabal, que explota Ramsa. Aquello quedó en nada en los juzgados, pero las cantidades solicitadas por el empresario en concepto de indemnización por las obras del AVE Santiago-Ourense, que atravesaban parte del yacimiento de cuarcita, eran sin duda galácticas, como el Real Madrid de sus amores.

Todo estalló en 2008. Fueron exactamente 895 millones de euros, que luego rebajó a 270 millones, los que reclamó al Estado el Grupo Villar Mir, propietario de Serrabal, situada en los municipios coruñeses de Boqueixón y Vedra. Allí están domiciliadas tanto Ramsa como Cuarzos Industriales. Tres años de batalla judicial y política en pleno gobierno bipartito en San Caetano que paralizaron un proyecto vital para la conexión ferroviaria de Galicia con la Meseta.

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