El Supremo tumba la ofensiva de Lactalis contra la millonaria multa de Competencia

El primer grupo lácteo en Galicia fracasa en el intento de anular los registros a su sede que desembocaron en la sanción de Competencia por pactar precios

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El Supremo acaba de poner fin a una de las vías legales abiertas por Lactalis, el primer actor lácteo en Galicia, contra el proceso abierto por Competencia contra industrias del sector por acordar precios y reparto de mercado. Aquella investigación derivó en una sanción conjunta de 88 millones, que en sus importes más destacados castigó a Danone, con una multa de 23,2 millones; a Capsa, con 21,8 millones; a Nestlé, con 10, 6 millones; a Leche Pascual, con 8,5 millones; y a Puleva Food, con 10,2 millones.

En el caso de Lactalis Iberia, la matriz del grupo en España, la sanción ascendió a 11,7 millones, pero arrastró también la multa a Puleva, empresa que adquirió en 2010 en una operación que lo convirtió en el primer actor en Galicia, la principal productora de leche del Estado. La multinacional francesa, como la mayoría de empresas implicadas, recurrió la multa, pero mantuvo abierta una segunda vía judicial, litigando contra las inspecciones a su fábrica de Mollerussa (Lleida) que formaron parte del proceso investigador.

Llegó hasta el Supremo intentando probar la irregularidad del registro y pidiendo la exclusión de la información recabada de la causa. Pero fue un viaje infructuoso. La Sala de lo Contencioso, en sentencia fechada el 22 de noviembre, tumbó su recurso de casación y la condenó en costas.

Los registros del 11 y 12 de julio

Los recursos de Lactalis arrancaron en 2012, tres años antes de la resolución sancionadora de Competencia. Apeló primero a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el mismo año que se produjeron los registros del día 11 y 12 de julio de 2012, después a la Audiencia Nacional y naufragó definitivamente en el Supremo.

Solicitaba la suspensión del procedimiento de investigación y que se evitara el análisis y acceso a la información recopilada durante la inspección. En aquellos dos días, el 11 y el 12 de julio, también se produjeron registros a Nestlé, a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, a la Asociación de Industrias Lácteas de Cantabria o a la Cooperativa Agrícola y Ganadera del Pirineo. La conclusión de Competencia fue que, no solo se habían llegado a acuerdos comerciales entre las empresas, sino que también se había repartido el mercado hundiendo los precios abonados a los ganaderos

Los argumentos del tribunal

La alegación principal de Lactalis se fundamentaba en que la planta donde se realizó el registro no estaba correctamente identificada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lleida, y en consecuencia, se había incurrido en un abuso al entrar en un domicilio no identificado en la orden de investigación. Argumentaba, en este sentido, que Mollerussa no era la sede del grupo, como se decía en el auto, sino la sede de una filial, pues se trataba de la fábrica de Puleva.

“El hecho de que el local en cuestión fuera la sede, no exactamente de la entidad recurrente sino de empresas por ella participadas o pertenecientes a su grupo deviene irrelevante”, dice la sentencia, que considera que el registro “se produjo siguiendo las pautas legalmente establecidas”.

“La jurisprudencia constitucional invocada trata de evitar las entradas indiscriminadas en domicilios no identificados. Ninguna de estas circunstancias concurre en este caso, por la simple razón de que el auto judicial había autorizado la entrada en un único domicilio, perfectamente identificado, y lo hizo a la luz de los datos y sospechas presentados por la división de investigación, y justamente para recabar pruebas incriminatorias contra la entidad recurrente”, remacha el Supremo.

Castigo a los ganaderos

Lactalis Iberia, según resolvió Competencia en 2015, participó en intercambios de información entre las industrias lácteas sobre precios y estrategias comerciales, materializados en acuerdos desde 2003 hasta 2012. Esta práctica afectó también a los ganaderos, con acuerdos entre las empresas para repartirse el mercado que, según Competencia, se produjeron en los años 2008, 2010, 2011 y 2012.

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