El Supremo condena al exdueño de Alfageme a devolver 11,8 millones a la conservera

Los expropietarios de la conservera viguesa Bernardo Alfageme, que llegó en su momento a estar entre los líderes del sector, desarrollaron una gestión negligente y deliberadamente perjudicial, que acabó vaciando y asfixiando económicamente la histórica empresa. Así lo considera una sentencia del Tribunal Supremo, que condena a Juan Lago a devolver 11,8 millones de euros desviados a otras firmas de su propiedad. En poco más de un bienio desde la toma de control de la firma por la familia Lago, tras comprarla al núcleo familiar fundador, la nueva administración derivó irreversiblemente en una situación de quiebra que concluyó con la hipoteca de sus principales activos, la ruina financiera, la clausura de las instalaciones industriales y la pérdida de más de 300 puestos de trabajo.

El alto tribunal recoge en su sentencia, a la que ha tenido acceso Economía Digital, que la compañía llegó a suscribir en un corto período de dos años sucesivos préstamos bancarios, gravando como garantía para ello sus principales instalaciones industriales. En total fueron 44 millones de euros (un crédito de 35 y dos de 4,5 millones). El objetivo era, en teoría, financiar un plan industrial, cancelar deuda hipotecaria anterior, proporcionar circulante y modernizar las instalaciones, muy anticuadas y en el umbral de lo sanitariamente aceptable.

Pasivo de 12 millones

Contrariamente a lo previsto, al final de ese bienio, en 2010, la conservera entró en concurso voluntario de acreedores con un pasivo cercano a los 12 millones. Y lo hizo un año después de detectarse los graves problemas de liquidez y de no poder afrontar los pagos. Según relata la sentencia, la mayor parte de los créditos concedidos fueron avalados por la Xunta, en ese momento formada por el bipartito de PSOE y BNG.

El fallo obliga al exdueño Juan Lago a reintegrar a Alfageme un total de 11,8 millones de euros que llegó a desviar desde la conservera a una de sus sociedades, Promalar, que era, precisamente, propietaria única y matriz de la compañía viguesa, y que con anterioridad había concedido un crédito por ese importe a la firma pesquera viguesa. En sus alegaciones, Lago sostuvo que la operación general de financiación resultó ruinosa por la voracidad de los bancos acreedores, la lentitud en la puesta a disposición del efectivo y porque se le impuso el destino del importe obtenido.

“Fresh money”

El empresario, según la sentencia, utilizó parte del fresh money (la sentencia lo califica literalmente así) obtenido por los créditos encadenados concedidos a favor de la conservera por un sindicato de bancos, y con el aval público de la Xunta, para reintegrar el dinero de Alfageme a Promalar, en vez de utilizarlo en su totalidad al reflotamiento de la compañía pesquera. El juez de lo Mercantil número 3 de Pontevedra consideró en su momento que esta operación merecía empujar la situación a la calificación de concurso culpable, por una negligente gestión del administrador en contra de los derechos de Alfageme.

La contundente conclusión a la que ha llegado recientemente el Tribunal Supremo ratifica en todos sus extremos y términos la resolución anterior de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que, a su vez, confirmaba en un recurso de apelación el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, que declaró “culpable” el concurso de acreedores, en función de los artículos 164,1 y 165.1 de la ley Concursal. Juan Lago y las empresas del núcleo familiar constituidas con posterioridad a la marcha de aquel, desde marzo de 2009, para manejar de forma indirecta la compañía, fueron condenados también a una pena inhabilitación para administrar negocios ajenos durante 5 y 3 años, respectivamente.

Quebranto

La sentencia también obliga a las empresas Arkiterra 2006 SLU, Cobreiro 2004 SLU y Oremos Inversiones SLU, todas ellas del entorno familiar, que se incorporaron en calidad de miembros del consejo de administración tras la salida de Juan Lago, al pago de casi 7 millones de euros. Estos tiene su origen por el quebranto innecesario y excesivo, según la sentencia, que supuso a Alfageme pagar las indemnizaciones por despido improcedente, de 45 días por año, mientras que lo propio hubiese sido tramitar correctamente y a tiempo el despido objetivo, con un coste de 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades.